M. B. / J. L. A. / A Coruña

La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha imputado un delito de tráfico de influencias al director xeral de Industria, Enerxía e Minas durante la última etapa de Fraga en la Xunta, Ramón Ordás Badía, por conceder siete parques eólicos y nueve minicentrales hidroeléctricas a su cuñado Luis Castro Valdivia, quien también está imputado. El Ministerio Público sostiene que Ordás Badía aprovechó presuntamente su cargo para favorecer a empresas de su pariente con intereses en el sector hidroeléctrico y eólico y apunta la posibilidad de que además se hayan producido delitos de cohecho y prevaricación.

En el escrito enviado la semana pasada al Juzgado de Instrucción Decano de A Coruña, el fiscal José Ramón Piñol precisa que en los hechos denunciados podrían estar implicadas otras personas relacionadas con el entramado empresarial diseñado por Castro Valdivia, ya sea como "colaboradores necesarios" o "en tareas auxiliares", y a los que también se hará extensiva la denuncia si a lo largo de la investigación, de la que se ha hecho cargo el juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña, se concreta su participación.

Durante la fase de diligencias informativas -abiertas en abril del pasado año-, el Grupo de Blanqueo de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco)-Coruña ya realizó, a petición de la Fiscalía del TSXG, un informe sobre las decenas de empresas gestionadas o participadas por el cuñado de Ordás Badía en los últimos años en el que se recoge, según se precisa en la denuncia, los datos registrales, la vida social, las actividades económicas, los socios integrantes de cada sociedad y las modificaciones de estatutos.

En su denuncia, la Fiscalía reconoce que Castro Valdivia inició hace mucho tiempo sus negocios en el sector energético, pero precisa que fue desde que su cuñado asumió el cargo de director xeral de Industria, Enerxía e Minas, en noviembre de 1999, cuando su actividad empresarial recibió "un fuerte impulso y consolidación".

Castro Valdivia fue creando desde entonces, según el fiscal, una serie de empresas de características parecidas y con las que ha obtenido nueve licencias hidroeléctricas y siete para explotar parques eólicos. Todas las sociedades vinculadas a Castro Valdivia son de responsabilidad limitada, de capital "muy escaso", carecen de personal para llevar a cabo sus finalidades sociales y ni siquiera cuentan con soporte técnico para poder desarrollar proyectos energéticos. El fiscal también apunta que las sociedades -35 según la denuncia- no tienen "soporte material", ya que casi todas tienen su domicilio social en dos direcciones de A Coruña: el número 1 de la calle Fama y el número 6 del Cantón Grande.

Sin posibilidades

"Estamos en presencia de una red empresarial que carece de las condiciones mínimas para poder afrontar proyectos del tamaño financiero y técnico como el que requieren los relacionados con el sector energético, y por ello no podrían haber obtenido las autorizaciones administrativas correspondientes", señala el fiscal en su escrito.

A pesar de estas carencias, la red de Castro Valdivia -en la que también tienen participación el presidente de la patronal gallega, Antonio Fontenla, y la esposa del ex alcalde de A Coruña y embajador en el Vaticano, Francisco Vázquez-, ha logrado derechos para controlar minicentrales y parques eólicos por valor de más de 63 millones de euros, algunos de los cuales fueron obtenidos en julio y agosto de 2005, cuando la Xunta presidida por Manuel Fraga estaba ya en funciones.

El Ministerio público también ha podido constatar durante su investigación que en la constitución de las sociedades se ha buscado la "ocultación de personas" de forma intencionada para poder evitar el control de la titularidad real de los proyectos energéticos autorizados.

Es el caso, por ejemplo, de Hidroeléctrica del Arnoya, una sociedad con dos minicentrales hidroeléctricas en los ayuntamientos de Negreira y Serra de Outes y con autorización para un parque eólico y cuyo capital se reparte al 50% entre dos empresas más: Iglevaz y Desarrollo Energético de Galicia. La primera de las sociedades está controlada por la mujer de Vázquez, María del Carmen de la Iglesia, y sus dos hijos, Elena y Francisco. La segunda está participada, a su vez, por dos sociedades: una de Castro Valdivia y otra de Antonio Fontenla.

Investigación ampliada

Las ramificaciones de entidades empresariales se repiten hasta casi perderse en muchas otras sociedades a las que está vinculado el cuñado de Ordás Badía. El fiscal precisa que son 35 las sociedades en las que Castro Valdivia aparece como administrador, consejero o apoderado, entre otros cargos, a las que añade otras cuatro en las que tuvo responsabilidades en el pasado, pero precisa en su denuncia que existen otras compañías vinculadas al industrial que no tienen relación directa con la actividad energética que deberían investigarse para conocer su exacta relación con el entramado.

La investigación llevada a cabo en los últimos meses hace también pensar a la Fiscalía del TSXG que el sistema diseñado por Castro Valdivia para gestionar sus negocios le ha permitido eludir la obligación legal de constituir un plan eólico empresarial, necesario cuando algún empresario accede a más de una explotación eólica.

En la denuncia ante el juzgado, el Ministerio Público señala que entre marzo de 2003 y noviembre de 2005, las empresas de Castro Valdivia obtuvieron autorizaciones para los parques eólicos de Couteiro, Monte Rande, Sabucedo, O Chao, Vilachá, Ribeiro y Ourol.

A esta última sociedad, el representante del Ministerio Fiscal le dedica un capítulo aparte, ya que la empresa fue constituida por el propio Ayuntamiento de Ourol, en Lugo, para gestionar sus intereses energéticos como sociedad municipal, pero tras unas circunstancias poco claras, según la propia denuncia, fue privatizada y pasó a manos de Castro Valdivia. Hidroeléctrica del Ourol, que entonces había obtenido ya el aprovechamiento hidrológico del río Landro, transmitió estos derechos a la empresa Sociedad Lucense de Energía Hidráulica y Eólica S.L. que, pese a su denominación, tiene su sede social en A Coruña, en el número 6 del Cantón Grande, como buena parte de las compañías de Castro Valdivia. El titular único de esta empresa, José L. Martínez Díaz, es el único testigo que la Fiscalía propone en su denuncia, a lo que añade la toma de declaración en calidad de imputados de Castro Valdivia y Ordás Badía, que ahora es director de negocio energético de Endesa en Portugal.

El fiscal propone también al juzgado de instrucción que reclame a la Consellería de Innovación el informe sobre los expedientes de parques eólicos de las empresas de Castro Valdivia y sobre las condiciones técnicas necesarias para optar a una concesión; que recabe del Registro Mercantil las cuentas de las casi 40 empresas relacionadas a la denuncia y que pida a la Tesorería de la Seguridad Social informe sobre los trabajadores de estas sociedades.