Ante la Guardia Civil

La UCO desvela "contradicciones" en la versión del cargo de Transportes respaldado por Puente

El subsecretario del Ministerio de Transportes ha sido ratificado en su puesto tras prestar declaración ante la Guardia Civil, que contrapone su versión a la de otros cargos ministeriales

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, durante su intevención en el II Congreso de Movilidad Inteligente y Sostenible Prensa Ibérica. /

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, durante su intevención en el II Congreso de Movilidad Inteligente y Sostenible Prensa Ibérica. / / XABIER AMADO

Ángeles Vázquez | Tono Calleja | Cristina Gallardo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado "contradicciones" en la declaración que prestó ante los agentes como testigo el actual subsecretario del Ministerio de Transportes, Jesús Manuel Gómez García, al que el ministro del ramo, Óscar Puente, ha ratificado este jueves en su puesto. La versión de este alto cargo, consistente en que fue el propio exministro José Luis Ábalos quien le dijo que confeccionara la orden para que "por parte de Puertos del Estado" se adquirieran las mascarillas del caso Koldo no coincide con las de los demás responsables ministeriales interrogados como testigos.

Según Gómez García, es Ábalos quien le indica que Puertos del Estado adquiera 8 millones de mascarillas, 4 para repartirlos entre los entes dependientes del ministerio (Aena, Adif, Renfe, Puertos, Correos y Enaire) y otros 4, para los profesionales del transporte y personal dependientes de entidades locales y autonómicas. Añadió que la designación de Puertos del Estado como el ente adecuado para la compra fue consensuada entre él mismo, el ministro y la secretaria general técnica, Angélica Martínez, que depende de él.

Lo decidieron al entender que era el más adecuado dada su capacidad logística. Manifestó a los agentes que él mismo telefoneó al presidente de Puertos para comunicárselo. El subsecretario señaló que el procedimiento se repitió para la designación de Adif para la compra de 5 millones de mascarillas y que su participación acabó ahí, sin haber participado "de ninguna manera directa o indirecta en la adjudicación de las mascarillas".

En este punto es en el que la Guardia Civil detecta la primera "contradicción" con el destituido Álvaro Sánchez Manzanares, entonces secretario general de Puertos del Estado, quien declaró que "tras diversas conversaciones" con Jesús Gómez, Angélica Martínez y el director de Organización e Inspección, Javier Sánchez Fuentes Frías, "todos como parte del Ministerio de Transportes, se le informa que había un suministrador que tenía un stock disponible de 8 millones de mascarillas y querían conocer cómo se podía llevar a cabo la contratación".

De esta forma, Sánchez Manzanares dice haber llegado a Soluciones de Gestión a través del ministerio, en conversaciones en las que también participa Jesús Gómez, destaca la Guardia Civil, que añade a esa otra contradicción. Esta es con el presidente de Puertos del Estado entre marzo de 2020 y diciembre de 2021, Francisco Toledo, que declara que fue Sánchez Manzanares quien le dijo un par de días antes de que se publicaría el decreto de compra de las mascarillas por parte de Puertos y que había sido "el ministerio quien lo había elegido".

Toledo señaló que fue el destituido secretario general de Puertos quien asumió "la interlocución directa con el Ministerio de Transporte" y quien le informó de que "la empresa Soluciones de Gestión fue la empresa adjudicataria del contrato". También apuntan a Álvaro Sánchez la jefa de Departamento de Contratación y Consejos de Administración, María Belén Caballero, y la jefa del Área de Contratación y Gerencia de Riesgos de Puertos del Estado, Aranzazu de Miguel Peña. La primera, no obstante, admite que aunque fue él quien se puso esta empresa sobre su mesa, no sabe cómo le llegó a él, "porque fue el ministerio el que contrató".

El subsecretario de Transportes fue uno de los pocos altos del ministerio que mantuvo Óscar Puente tras su nombramiento, y le ha ratificado su confianza después de que declarara como testigo en la trama Koldo. Gómez está considerado como una persona que “hace que la maquinaria procedimental vaya con arreglo a la ley” y de la que se valora su “profesionalidad, compromiso y honestidad”, así como “su prestigio en la casa”, señalaron fuentes del ministerio.