El Parlament de Cataluña sigue sin investigar si Ignacio Garriga vulneró el reglamento al encararse a manifestantes en Badalona

"No va a haber código de conducta ni reglamento que me impida denunciar a ladrones, corruptos y delincuentes como ustedes". Con esta provocación, el líder de Vox en el Parlament de Cataluña, Ignacio Garriga, se defendía en el pleno de esta semana de las quejas de ERC, que le reprochaban haber tachado de "vacaciones pagadas" las bajas médicas de dos miembros de la Mesa de la Cámara. La diputada Marta Vilalta consideró que ello incumplía el reglamento y el código de conducta -que obliga a tener una "actitud respetuosa" con los compañeros de hemiciclo-, protesta que también hizo constar en la Junta de Portavoces. Una situación parecida a la que se produjo al día siguiente, cuando la 'cupaire' Nogay Ndiaye denunció los comentarios racistas de los parlamentarios de extrema derecha. "Estamos hartos, no puede ser que estas manifestaciones racistas pasen sin ningún tipo de consecuencia".

No es un hecho aislado. En realidad, hay ejemplos de ello prácticamente en cada pleno, desde que la formación ultra obtuvo representación en la Cámara en febrero de 2021. En más de una ocasión se ha explorado la posibilidad de sancionar a los diputados de Vox por estas actitudes y por sus constantes vinculaciones entre inmigración y delincuencia. Hasta ahora, ha habido alguna reprimenda pública, pero ninguna actuación formal. Ni siquiera por el incidente que tuvo lugar durante la campaña electoral de las pasadas generales en un mitin en Badalona, cuando el diputado Ignacio Garriga se encaró a unos manifestantes. Un hecho que provocó una primera actuación de la Mesa del Parlament, ordenando que se abriera una investigación interna, pero que seis meses después sigue pendiente.

Los hechos se remontan al 16 de julio, cuando el también secretario general de Vox interrumpió un acto de campaña del partido para desafiar a los manifestantes que protestaban contra su presencia con cazuelas y gritos antifascistas. La Mesa consideró intolerable aquella actitud, por lo que ordenó el 31 de agosto a la comisión del Estatuto del Diputado que investigará si Garriga había vulnerado el código de conducta. No ha habido tercer acto: la comisión no ha celebrado ninguna reunión para abordar esta cuestión.

Quejas de ERC por "obstrucción"

Una actitud que lamentan algunos grupos parlamentarios, como ERC, que acusa directamente al presidente de la comisión, el diputado de Junts Jaume Alonso Cuevillas, de "obstrucción" y de no actuar con "celeridad" ante este tipo de denuncias. Desde la presidencia de la comisión, en cambio, arguyen que están a la espera de un informe jurídico de los servicios de la Cámara sobre la "cobertura legal" del régimen sancionador, que consideran "más que dudosa" y recurrible al Tribunal Constitucional. Cuevillas ya se mostró muy crítico con este procedimiento, desde su perspectiva jurídica, en el caso que afectó a su compañero de escaño, Francesc de Dalmases, que acabó sancionado por intimidar a una periodista de TV-3.

La Mesa del Parlament es quien tiene la potestad, a iniciativa propia o de un grupo, de ordenar el inicio de una investigación interna. Pero después es la comisión del Estatuto del Diputado quien debe coger las riendas y reunirse para examinar si hay indicios de infracción. De considerar que los hay, esta abre una investigación, que ofrece la posibilidad de que el investigado se explique en una audiencia y que acaba en un informe que se eleva a la Mesa. Es esta, otra vez, la que termina decidiendo si impone alguna sanción al parlamentario, que puede ir desde una amonestación pública a una multa de entre 600 y 1.200 euros, o hasta la suspensión temporal, en los casos más graves.

La legalidad de las sanciones

Unas penalizaciones que provocan algunas dudas jurídicas a los letrados de la Cámara. No concurren exactamente las mismas circunstancias que en el protocolo contra el acoso del Parlament, donde los servicios jurídicos detectan posibles inconstitucionalidades, tal y como avanzó El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, ya que el código de conducta sí fue ratificado por el pleno y hay una referencia a él en el reglamento. Fuentes jurídicas consultadas por este diario alegan que hay "algo más de cobertura legal", pero admiten que no es una situación "ideal" y creen que se podría mejorar con un sistema similar al del Parlamento Europeo, que lo añadió como un "anexo" a su normativa.

Para solventar este punto, ERC y la CUP impulsaron ya en abril del año pasado una reforma del reglamento que está en trámite. El objetivo, explican, era mejorar esta base jurídica y evitar las "excusas" que dificultan la aplicación de los correctivos previstos en la actualidad.

Pero esta parte más formal no es la única que preocupa a los letrados, que ya apuntaron en un informe hace justo un año, que debían quedar muy claras las conductas sancionables para evitar arbitrariedades. En dicho análisis, avisaban de que los castigos se tenían que reservar para "situaciones especialmente graves", que perturbaran "el normal funcionamiento" de la institución, y proponían la posibilidad de externalizar la "verificación de los hechos" para "garantizar mejor los derechos de las minorías parlamentarias frente a la mayoría".

Sea como sea, la propuesta de republicanos y 'cupaires', que además de introducir las sanciones en el reglamento busca cercar los discursos de odio de la extrema derecha, dependerá de cómo terminen las negociaciones entre grupos durante la ponencia de la norma. El PSC es crítico con esta propuesta, al considerar que choca con la libertad de expresión, y Junts lo ha enmendado parcialmente.

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