El Supremo rechaza también la querella de Vox contra Marlaska por la actuación policial en las protestas de Ferraz

El Tribunal Supremo ya no sabe cómo decirle a Vox, que no puede impugnar toda decisión politíca que no comparta o querellarse contra los dirigentes políticos de los que discrepe. La última querella rechazada es la presentada por el partido de extrema derecha y su sindicato, Solidaridad con los Trabajadores de España, contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la actuación policial desplegada frente a las concentraciones realizadas en noviembre de 2023 en las proximidades de la sede central del PSOE, en la calle Ferraz, en Madrid, en protesta por la amnistía.

La Sala de lo Penal afirma en un auto que “los querellantes no aportan indicio o principio de prueba alguno que pudiera servir de apoyo a la imputación que hacen a la persona aforada", como ministro del Interior, para acreditar que "la actuación policial que denuncian obedeciera a una 'orden con motivación política' impartida por aquel”.

El tribunal descarta que pueda imputarse responsabilidad penal de carácter objetivo al querellado sobre la única base de ser el máximo responsable del Ministerio del Interior del que depende el Cuerpo Nacional de Policía, “sin ofrecer dato o circunstancia alguna que permita afirmar que conoció los pormenores de la concentración que se estaba produciendo y/o dio instrucciones sobre la manera en que debían actuar los agentes policiales”.

Como había solicitado el fiscal, la Sala acuerda la inadmisión de las querellas “sin necesidad de valorar en este momento si la actuación policial denunciada fue o no abusiva o desproporcionada, ni de realizar consideraciones sobre si en la querella y en los videos se puede, realmente, apreciar o no ese carácter injustificado o ilegítimo con que se tilda la intervención policial”.

Las querellas se dirigían también contra el delegado del Gobierno en Madrid y, en el caso del sindicato, contra agentes de Policía. Como ninguno de ellos es aforado, la Sala presidida por Manuel Marchena se declara no competente para pronunciarse sobre ellos. La querella de Vox imputaba prevaricación y delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales, y la del sindicato, también tortura y contra la integridad moral y delito leve de lesiones.