Cataluña puede ampliar competencias en inmigración pero no conceder permisos de residencia o asilo

Junts salvó el primer'round' parlamentario de Pedro Sánchez, después de un largo toma y daca que duró hasta iniciada ya la votación. Los posconvergentes acabaron levantando el veto, pero exigieron sacar "tajada" de ello en varias materias, más allá de los cambios concretos en los decretos en cuestión. Entre los acuerdos alcanzados, destaca la "delegación integral de las competencias de inmigración a la Generalitat", aunque de momento se desconoce la "letra pequeña" del pacto, tal como ha reconocido Junts, y tampoco está claro cómo será su encaje legal.

El artículo 149 de la Constitución es claro: materias como "nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo" son competencia exclusiva del Estado, aunque a través del 150.2 el Gobierno tenga margen para "transferir o delegar a las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación".

A este artículo es al que se acoge Junts para defender que el Gobierno puede ceder a la Generalitat competencias totales en esta materia. De momento, evitan entrar en grandes concreciones sobre sus peticiones, a la espera de la negociación de la futura ley, pero dan a entender que serán de máximos y que no se conformaran con "encomiendas", eso es, que las decisiones las tome el Gobierno, pero las ejecute la Generalitat.

Los posconvergentes consideran que Cataluña debe tener las competencias "que tiene cualquier Estado" y, según ellos, esto incluye el control sobre los "flujos" migratorios -a través de la fijación de cuotas con las comunidades autónomas-, aspectos relacionados con la obtención de los permisos de residencia o laborales o hasta la posibilidad de "expulsar" inmigrantes multirreincidentes.

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Los límites

Sin embargo, expertos constitucionalistas y en inmigración consultados por EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, descartan que la cesión pueda ir tan lejos como transmiten desde Junts, porque no tendría sentido que Cataluña pudiera otorgar o denegar un permiso de residencia o de asilo sin que esa decisión tuviera validez en el resto de España. De ahí que se entienda que se trata de una competencia que el Estado no puede transferir, lo que hace pensar a Ferran Camas, director de la Cátedra de Inmigración y Derechos de la Universidad de Girona, en la inconstitucionalidad de cualquier acuerdo de semejante alcance.

No obstante, sí ve margen para ampliar las competencias que Cataluña, junto a Euskadi, ya tiene en la materia. Por ejemplo, ambas comunidades se ocupan de la primera acogida de extranjeros, pero no de la segunda, en la que se facilitan recursos o información sobre la sociedad y que corresponde al Estado. Aquí, según Junts, la Generalitat podría incidir y ofrecer cursos de lengua y cultura catalana, que actualmente se hace con menores a través de la educación en las "aulas de acogida", pero no en adultos. Cataluña y País Vasco se ocupan ya de la primera autorización de los permisos de trabajo, pero no de su renovación.

Para Camas, que Cataluña asumiera también esos segundos pasos no presentaría problemas constitucionales a diferencia de lo que ocurriría si se convierte en quien concede o deniega permisos de residencia o asilos, posibilidad, que de ser finalmente acordada, sería recurrida ante el Tribunal Constitucional y acabaría siendo declarada contraria a la carta magna, porque solo puede estar en manos del Estado. "Si lo hace una comunidad autónoma, el ciudadano no podría moverse luego a otras y eso vulneraría su libertad de deambulación", añade este catedrático.

El Estatut

El anterior intento de ampliar competencias de inmigración incluido en el Estatut de 2006 ya fue declarado inconstitucional por el tribunal de garantías en su sentencia de 2010. Así lo recuerda el catedrático de Derecho Constitucional y exletrado del TC, Joaquín Urías, que duda de que la nueva mayoría del tribunal, aunque sea progresista, pueda cambiar la doctrina establecida entonces. Urías considera que ninguna de las demandas de los posconvergentes se ajusta a la Carta Magna y considera que lo único que se podría ceder es la "gestión".

A su parecer, la Generalitat podría tener, por ejemplo, el control de los centros de internamiento de extranjeros (CIE), que podrían estar gestionados por los Mossos y no por la Policía Nacional, o también podría ser la administración de referencia de los extranjeros a la hora de tramitar sus permisos. Sin embargo, considera que no podrían decidir a quién se interna en un CIE o, en línea con Camas, a quién se le da un permiso de trabajo o residencia.

En consecuencia, la regulación de las fronteras o la concesión o no asilo deberían seguir siendo una competencia exclusiva del Estado. "El margen es muy pequeño. Se pueden ceder las competencias de gestión, pero no de calado político", concluye Urías.

Por su parte, Josetxo Ordoñez, abogado especializado en extranjería y doctor en derecho de la Universitat de Barcelona, considera que el acuerdo PSOE-Junts es “un ridículo brindis al sol fruto de la ignorancia”. Sustenta que Cataluña ya tiene transferidas todas las competencias en materia migratoria que prevé el Estatut de Cataluña, entre ellas la de dar las autorizaciones de trabajo. “Transferir las competencias estatales es un asunto que requeriría muchos años de tramitación legal, aparte de muchos recursos que la Generalitat no puede asumir sin una importante transferencia económica. Es peor el remedio que la enfermedad, y yo tengo dudas de si esta decisión deberían votarla los catalanes”, zanja el abogado.

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