Los jueces decanos se suman al rechazo al pacto PSOE-Junts por atacar “la independencia judicial”

Los Jueces Decanos de España han mostrado también su rechazo al acuerdo pactado por el PSOE y Junts para facilitar la investidura, después de que ya lo hicieran al unísono todas las Asociaciones Judiciales (Asociación Profesional para la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Nos adherimos expresamente al contenido del mismo. Mostramos igualmente nuestro rechazo por las referencias al ‘lawfare o judicialización de la política’ y sus consecuencias", señalan en ese comunicado suscrito por los jueces de más de 80 partidos judiciales de España, que advierten del profundo malestar en el mundo de la judicatura por esa mención exigida por el partido de Carles Puighdemont en el acuerdo.

La brecha sigue ahondándose entre la política y la justicia por el acuerdo de investidura. Eso a pesar de que el PSOE ha tratado de aclarar que "no habrá ninguna revisión" de las sentencias desde el Congreso de los Diputados. Tal y como ya expresaron las asociaciones judiciales, de acuerdo de forma excepcional en un mismo comunicado conjunto, los jueces reiteran ahora que "el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.

Para los jueces decanos esa referencia a las comisiones de investigación “podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”. “Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución”, recuerdan en este comunicado, insistiendo en que esas “expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables”. “El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta”, zanjan como conclusión en el texto remitido y que firman los jueces decanos de hasta 82 partidos judiciales de toda España.

En otro comunicado, los Presidentes y Presidentas de Audiencias Provinciales de España también han dejado constancia de su profundo malestar y se adhieren al pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial para “mostrar su más enérgico rechazo a la referencia efectuada en el documento pactado por los referidos partidos políticos al lawfare y judicialización de la política”. El riesgo de que se revisen decisiones judiciales, recalcan, es “una flagrante vulneración del principio de separación de poderes que constituye el pilar fundamental de nuestro Estado Democrático y de Derecho”. Los presientes de las Audiencias muestran su “sorpresa e indignación” ante el documento del acuerdo político por sembrar dudas “sobre la independencia del Poder Judicial en España”, “lo que supone alejarnos de manera irresponsable de una de las exigencias más importantes para formar parte de la Unión Europea”, advierten.

Aclaración del PSOE

Tras las duras críticas vertidas por todas las asociaciones judiciales y el CGPJ, el PSOE quiso aclarar que el acuerdo con Junts no prevé la creación de comisiones de investigación con el objetivo de “detectar casos de ‘lawfare’", sino que se refiere a las comisiones ya acordadas en agosto con los independentistas catalanes en su pacto para la Mesa del Congreso. “El Parlamento no va a realizar, en ningún caso, una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial”, insistieron, aunque desde el poder judicial aseguran que el texto del acuerdo no ofrece dudas. Fuentes socialistas aclararon que las comisiones de investigaciones que se mencionan en el pacto son "la reactivación de la comisión sobre la llamada Operación Cataluña", referida al uso de medios públicos para investigar y "perjudicar" a rivales políticos, así como una comisión sobre el espionaje a través de Pegasus. Son las dos comisiones que el PSOE pactó con ERC y Junts para la elección de la Mesa del Congreso, el pasado 17 de agosto, y que dio la Presidencia de la Cámara a la socialista Francina Armengol.