El PSOE extiende el pacto con Junts a toda la legislatura y lo enmarca en una nueva "etapa histórica" de reconocimiento mutuo

Un acuerdo de legislatura, para ofrecer "estabilidad", y enmarcado en la apertura de una "nueva etapa histórica" de reconocimiento mutuo. Así ha calificado el número tres del PSOE, Santos Cerdán, el pacto con Junts que se selló esta madrugada para allanar la investidura de Pedro Sánchez. La firma se produjo por la mañana en Bruselas por parte del secretario de Organización de los socialistas y el secretario general de Junts, Jordi Turull. Las conversaciones se habían intensificado durante los últimos días en Bruselas para salvar los escollos técnicos en la ley de amnistía relacionados con su alcance y casos que son más subjetivos a la hora de asociarlos con el ‘procés’. Los siguientes pasos a la firma del acuerdo, pasan porque la presidenta del Congreso, Francina Armengol, hable con el candidato para fijar la fecha de investidura, según explican desde su equipo, con la previsión de anunciarla este viernes.

El secretario de Organización de los socialistas ha aclarado que la amnistía asociada al procés y comprenderá un periodo fijado entre 2012 -dos años antes de la consulta del 9-N- y 2023. En varias ocasiones ha justificado que el pacto tiene que ver con la necesidad de "resolver un conflicto", así como insistido en la voluntad de diálogo y búsqueda de acuerdos "entre dos formaciones que tenemos discrepancias profundas". Para el número tres del PSOE, que ha comparecido desde el hotel Sofitel en la capital belga, donde lleva alojado varios días tratando de desencallar el acuerdo, el pacto "llega en un momento clave para el país" con la prioridad de formar "cuanto antes" un gobierno progresista "que dé estabilidad a España".

"Con generosidad y altura de miras", Cerdán ha defendido este acuerdo con la inclusión de una ley de amnistía que hasta antes del 23-J desde el partido se calificaba de anticonstitucional. Ahora, la polémica medida se enmarca con un paso necesario para "devolveqr al cauce político cualquier disenso" y "abrir la posibilidad de un nuevo camino de entendimiento".

Falta ya solo el apoyo del PNV, que se presupone más sencillo por su entendimiento con los socialistas durante la última legislatura, para asegurar la mayoría necesaria en el Congreso. Fuentes parlamentarias del grupo vasco explican que el acuerdo no está cerrado y que "se sigue negociando".

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Antes del pleno de investidura, que se planea a mediados de la próxima semana, el PSOE se ha comprometido a registrar la ley de amnistía. El objetivo de los socialistas es que la proposición de ley lleve la firma del resto de socios parlamentarios en la investidura y sea calificada por la Mesa del Congreso de forma inmediata. Acudir así a la sesión de investidura con la tramitación de la norma ya iniciada. Una suerte de pago por adelantado que exigían los independentistas catalanes. Sin embargo, los socios quieren analizar antes el texto para decidir si plasman su firma. Incluso ERC ha reclamado revisar la norma que se pacte para que no incluya “casos de corrupción” en el alcance de la amnistía para los procesados y encausados en relación al ‘procés’.

Mediador internacional

El acuerdo entre el PSOE y Junts incluye importantes reivindicaciones de los posconvergentes, como el mediador internacional y el concepto de ‘lawfare’. Socialistas y posconvergentes, señala el pacto, “han acordado dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue”. El partido de Pedro Sánchez se había negado hasta ahora a dar un paso de este tipo, y solo hablaba de algún mecanismo de verificación no internacional, pero finalmente han cedido ante sus “profundas discrepancias” y “la complejidad y los obstáculos del proceso que se disponen a emprender”. 

Al mismo tiempo, ambas partes se comprometen a “contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña”, teniendo en cuenta que Junts “considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017”, mientras el PSOE “niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral”. 

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Ley amnistía y 'lawfare'

Aquí es donde se engancha, como vía de superación del conflicto, la ley de amnistía. Según el documento, la norma debe “procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato”. La ley “debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos”. Concretamente, desde el 2012 y hasta el 2023, según ha aclarado el secretario de Organización del PSOE en su comparecencia ante los medios tras la firma del pacto.

El documento pasa entonces a detenerse en la lawfare, la presunta guerra sucia judicial contra el independentismo. “Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura [sobre el ‘caso Pegasus’, las llamadas “cloacas del Estado” y los atentados del 17A] se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”, señala el acuerdo, por el que los socialistas ampliarán la “participación directa de Catalunya en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales”, mientras los posconvergentes se comprometen a apoyar la investidura de Pedro Sánchez con el voto a favor de sus siete diputados, así como a dar “estabilidad a la legislatura”. Pero en este último punto con una condición: que se cumpla con “los acuerdos que resulten de las negociaciones”.

Presión interna y externa

El perímetro de la amnistía, que era el principal nudo en la ley, se complicó todavía más con el auto dictado por el juez García-Castellón el pasado lunes. Al implicar al expresident en delitos de terrorismo irrumpió en plena, alentando en Junts el argumentario del denominado “lawfare”. El uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política o, según denunciaba el propio Puigdemont en sus redes sociales el pasado domingo: “El uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos no busca hacer justicia sino conseguir, por medios inaceptables en democracia, efectos políticos a través del poder judicial”.

El acuerdo llega rodeado de una creciente presión ambiental. Tanto en las calles, con protestas que se extienden por las sedes del PSOE en contra de la amnistía, y cada vez con un cariz más violento, como a nivel institucional, con una confrontación nada soterrada entre los poderes judicial y ejecutivo. Este miércoles, además, el comisario de Justicia, el liberal belga Didier Reynders, enviaba una carta al ministro de la presidencia en funciones, Félix Bolaños, y a la ministra de justicia, Pilar Llop, pidiendo “más información detallada” sobre la nueva ley y en particular “sobre el alcance personal, material y temporal” de la misma.

En el PSOE, Felipe González está abanderando las críticas a la negociación y anoche lanzaba un video a través de su fundación en el que pedía a Sánchez plantarse ante Carles Puigdemont. "Pretenden romper la cohesión y la unidad", avisa González sobre los soberanistas en general, para concluir que "no merece la pena" formar gobierno con su apoyo. "¿De verdad la necesidad son siete votos?", se pregunta sobre el argumento de Pedro Sánchez de "hacer la necesidad virtud". Tras ello, concluye que lo debe hacerse es "ir a ganar las elecciones, si se repiten".