Sánchez logra carta blanca del PSOE para acelerar su investidura frente a la "tortura" de una alternativa de PP y Vox

No fue un Comité Federal de trámite el celebrado este sábado en la sede del PSOE de Ferraz. Ni por el contenido ni por lo que estaba en juego: lograr el aval para formar gobierno bajo la premisa de impulsar una ley de amnistía. Una exigencia de ERC y Junts a cambio de sus imprescindibles apoyos que, al menos hasta las elecciones del pasado 23J, el propio Pedro Sánchez tachaba de inconstitucional. Tampoco fue un Comité Federal de trámite por su duración, al superar las cinco horas, ni por el riesgo de contestación interna que, finalmente, se limitó al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. El líder de los socialistas logró colectivizar la decisión de defender una ley de amnistía, “para el reencuentro total” y “por el interés de España”, y por ende, diluir las responsabilidades en toda la organización.

La militancia será la encargada de materializar y extender el aval si, en línea con sus respectivas federaciones, votan a favor en la consulta sobre “formar un gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria”. Una apuesta que los barones asumen arriesgada, pero ante la que entienden, como explicó Sánchez tanto en su intervención inicial como en la de cierre, que no hay alternativa. En realidad sí la hay y se denomina un gobierno de “PP y Vox”. La amnistía, señaló el presidente del Gobierno en funciones ante los suyos en el primer discurso público en el que ha defendido la medida, "es condición para un Gobierno de progreso que evite uno del PP y Vox".

Sinceridad para “hacer de la necesidad virtud” y justificar un cambio de posición que hace tan solo unos meses sería impensable en las filas socialistas. Sin amnistía habría que repetir elecciones, al ser imposible el pacto con el independentismo catalán, y nadie con responsabilidades en la organización, a excepción de Page, está dispuesto a ello. Más "riesgos" que beneficios. Así quedó patente durante los más de 30 turnos de palabra que se sucedieron durante la reunión de este sábado del máximo órgano de decisión entre congresos.

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A pesar de la complejidad del escenario, y de que la amnistía en sí misma no suscita entusiasmo en los territorios socialistas, el comité federal, que transcurrió a puerta cerrada tras el discurso en abierto del presidente en funciones, fue cualquier cosa menos abundante en críticas al secretario general. García-Page tomó la palabra para exponer su oposición a la amnistía. El presidente de Castilla-la Mancha, uno de los escasos mandatarios autonómicos socialistas que conservó el poder en las elecciones del 28 de mayo, argumentó, según fuentes de su entorno, que la medida no solo tiene un difícil encaje en la Constitución, sino que "choca" con el proyecto político del partido.

Page advirtió también que gobernar en esta legislatura, marcada por la dependencia casi absoluta del independentismo catalán, será una "tortura". El expresidente valenciano, Ximo Puig, le contestó poco después. La "tortura", dijo, sería un Ejecutivo del PP y Vox. El resto de los barones cerraron filas y antepusieron la prioridad de reeditar el gobierno. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, verbalizó los riesgos con la metáfora de que quien no quiera tener un accidente, que no conduzca. “Quien no quiera tomar decisiones que no se dedique a la política", concluyó de forma más explícita.

A lo que ningún barón contestó, ni tampoco Sánchez en su intervención final, fue a la otra alerta de Page. La de que “no hay garantías de que el independentismo renuncie a volver al punto de partida”. Así lo expresó en el cónclave, según fuentes de su entorno. Sánchez hizo una defensa en términos generales de la amnistía, para “cerrar heridas” definitivamente, pero no entró en los detalles de la norma que se negocia con las formaciones independentistas. Tampoco, por tanto, en si a cambio de la amnistía se exigirá una renuncia a la unilateralidad que el expresident Carles Puigdemont ya ha rechazado preventivamente.

En lo que sí se esforzó Sánchez fue en justificar su giro. Su cambio de posición sobre la amnistía. Por un lado, el mandato de las urnas de “frenar” a un ejecutivo de PP y Vox, y con hasta 56 diputados que reclaman una ley de amnistía. “El programa electoral solo puede ser idéntico al programa de investidura cuando uno vence por mayoría absoluta”. No es el caso y para lograr la investidura se deben incorporar las demandas de otros grupos, asumió.

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Por otro lado, la situación en Cataluña. Antes y después del 23-J. Un territorio donde el PSC fue primera fuerza, obteniendo 19 diputados y logrando más votos que todos los partidos independentistas juntos. La "prueba" de que la política territorial desplegada en la comunidad autónoma, empezando por los indultos a los líderes independentistas condenados por el referéndum del 1-O, "ha tenido un efecto mayor del que podía suponerse". Es decir, lejos de alimentar al independentismo, como afirma la derecha, las iniciativas de "reencuentro" sirven para que el apoyo a estas formaciones disminuya, según su tesis.

Fecha de investidura en días

Fuentes de la dirección del partido avanzan que probablemente a finales de la semana que viene, después de que la princesa Leonor jure el martes la Constitución en el Congreso, se conozca la fecha del debate de investidura. La intención ahora de Ferraz es cerrar los acuerdos en “cascada” tras acelerar el ritmo negociador. Y en el caso de ERC y Junts, que los acuerdos sean paralelos, conscientes de la “pugna” entre ambas formaciones. No privilegiar a uno sobre el otro y mantener el difícil equilibrio.

La consulta a la militancia para avalar el proceso negociador y precipitar una investidura inminente durará una semana. Los 172.600 militantes censados, sumando a PSOE, PSC y las juventudes de ambas formaciones, podrán ejercer su derecho a voto de forma telemática o presencialmente el próximo sábado en las sedes del PSOE. Los militantes votarán, previsiblemente, sin tener cerrados antes los acuerdos con el resto de fuerzas parlamentarias necesarias para sacar adelante la investidura. La pregunta se ha planteado para intentar lograr el respaldo interno y tener carta blanca en el último tramo de la negociación con el independentismo catalán, que se presume inminente. Parapetarse en las bases ante las voces críticas que provienen de dirigentes históricos, encabezados por Felipe González, y sin demasiado eco a nivel orgánico.