La batalla de la izquierda puede costar más de 2 millones de euros del Parlamento andaluz

Qué pasa con los más de 2 millones de euros que Podemos e IU se quedaron tras echar a Teresa Rodríguez del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, en una maniobra política que ahora el Tribunal Constitucional ha tumbado por vulnerar los derechos políticos de los diputados. Esa es una de las grandes preguntas que flotaron en el aire de un Parlamento andaluz que se asomó a su primer pleno del curso político con la resaca del varapalo de la sentencia redactada por el Constitucional y que aún tendrá recorrido.

A la espera de que el Alto Tribunal comunique la sentencia a la Cámara andaluza y los letrados puedan escudriñar la letra pequeña, hay partidos como el PP, el único que no validó aquella expulsión y optó por la abstención, que advierten de que puede haber "una factura elevada" que pagarán todos los andaluces. La formación de Teresa Rodríguez estudia si hay vías legales para acudir de nuevo a los tribunales a pedir una indemnización por los daños sufridos y ha anunciado ya una querella en la vía penal por prevaricación contra los miembros de la Mesa del Parlamento (de PP, PSOE, Cs, Vox e IU) que avalaron con su voto la expulsión de los ocho diputados. “Cometieron una ilegalidad a sabiendas y los informes jurídicos fueron muy claros”, señaló Rodríguez, que visitó este jueves el Parlamento. Asimismo exploran si hay posibilidades de acudir a los tribunales para pedir alguna indemnización económica por los perjuicios políticos sufridos, aunque asumen que no es nada fácil. “Parece bastante difícil recuperar esos derechos. Está amarrado que no podamos reclamar perjuicios pero lo estamos estudiando”, señaló la líder de Adelante Andalucía. La expulsión se realizó en octubre de 2020 y se consumó con la reforma del Reglamento que entró en vigor en mayo de 2021.

"Nieto es una vergüenza", dijo Teresa Rodríguez sobre la portavoz de Por Andalucía. "Lo más peligroso que hay en la vida son las personas pasivo agresivas, mediocres y autoritarias. Lleva en política toda la vida y no ha hecho otra cosa que obedecer a las direcciones de los partidos porque no tienen otro sitio donde volver. Debería haber una dimisión inmediata", reclamó.

Reforma del Reglamento

El Parlamento andaluz minimiza lo ocurrido y los letrados esperan estudiar al detalle la sentencia. El Constitucional puede declarar ilegal no solo la expulsión de esos diputados, que se cerró en 2021, hace más de dos años, y que ya no tendría remedio. El Alto Tribunal podría también advertir de que la reforma del Reglamento, que se hizo a posteriori para dar cobertura legal a la expulsión de Teresa Rodríguez y sus afines, es igualmente inconstitucional. Si eso es así, hay que esperar el desarrollo del fallo del Constitucional y su comunicación a las partes, habría que modificar ese Reglamento de la Cámara. El miércoles hay una reunión de todos los portavoces parlamentarios y Adelante Andalucía ha pedido ya una entrevista con el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre (PP).

Como siempre la máxima de “sigue la pista del dinero” funcionó en la guerra de la izquierda andaluza desde el primer minuto. Teresa Rodríguez firmó su divorcio pacífico con Podemos y acto seguido anunció que lanzaría un partido propio, andalucista, de izquierdas y que llamaría Adelante Andalucía, como el nombre de la confluencia electoral con la que habían acudido en las elecciones de 2018 y con la que obtuvieron 17 diputados, solo 6 eran de IU. El resto se alineó con Teresa Rodríguez, aunque no todos se dieron de baja de Podemos. Es más, hubo quien recibió un burofax comunicándole su baja del partido un día después de que la Mesa del Parlamento consumara la expulsión que ahora se califica de inconstitucional.

Ese grupo parlamentario recibía una asignación trimestral de 416.483,46 euros. Al año 1,6 millones de euros. El 60% iba a Podemos y el 40% a IU. Las primeras fricciones dentro del grupo surgieron por estos fondos. IU aseguró que Teresa Rodríguez, de baja maternal, había ordenado cambiar la titularidad de las cuentas bancarias. Ella siempre lo negó. Fue la principal coartada para impulsar una maniobra política que se llamo “Arreglar lo del Sur”, aludiendo al pacto que PSOE, IU, con destacada representación del PCE, y Podemos cerraron en Madrid con otros partidos como Cs o el PP para modificar el Pacto Antitransfuguismo y poder achicar el espacio de Teresa Rodríguez. Un acuerdo político que permitió considerar tránsfugas a quienes se dieran de baja del partido con el que concurrieron a las elecciones, aunque se mantuvieran en el grupo y no rompieran la disciplina de voto. “Conculcando cuestiones como la libertad de conciencia, solo por pensar diferente podías ser declarado tránsfuga aunque tus votos fueran los mismos que el resto del grupo”, señaló la portavoz de Adelante Andalucía.

Dimisión de Nieto (IU)

La secuencia fue que la portavoz de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto (IU), hoy portavoz y candidata de Por Andalucía, se dirigió a la Mesa del Parlamento andaluz para pedir que se expulsara a Teresa Rodríguez y otro ocho diputados. Así ocurrió pese a que los servicios jurídicos advirtieron expresamente de la tropelía que ahora ha ratificado el Tribunal Constitucional. Se asumieron los principios del pacto antitransfuguismo cerrado en Madrid y se consideró que “la traición” al aparato del partido, aunque solo fuera pensar diferente, servía como motivo para expulsar al discrepante. Dos meses después de que se expulsara a los diputados afines a Teresa Rodríguez y se les convirtiera en no adscritos, sin recursos económicos más allá del salario y con un cupo de iniciativas e intervenciones mucho menor, se modificó el Reglamento del Parlamento de manera ‘exprés’ para dar cobertura legal a lo que se había consumado.

En un acuerdo sorprendente, se decidió que los recursos económicos que recibían los grupos no se ajustaran al número de diputados que permanecían en dicho grupo parlamentario sino a los que se obtuvieron en las elecciones. Por eso, en un acuerdo de 12 de mayo de 2021, el Parlamento decidió que el grupo de Adelante Andalucía, que había quedado en manos de 6 diputados de IU, seguiría recibiendo 1,6 millones anuales, exactamente igual que cuando eran 17 diputados. La portavoz de IU, Inmaculada Nieto, aseguró tras el varapalo del Constitucional que ellos cumplieron el acuerdo y siguieron depositando el 60% de los fondos en manos de Podemos, partido que en ese momento no tenía ningún diputado en el Parlamento andaluz, todos fueron expulsados o se dieron de baja. También Vox se benefició de esa reforma económica.

Los afines a Teresa Rodríguez siempre han denunciado además que sus rivales en la izquierda se quedaron 800.000 euros que había de remanente en la caja del grupo. Los fondos públicos que reparte el Parlamento son asignaciones para cubrir los gastos propios del trabajo del grupo y del desempeño de las tareas de los diputados, al margen de sus salarios. Es ilegal destinar ese dinero a otros fines aunque en la práctica todo entra en la caja de los partidos sin que pase nada, en todos los parlamentos y en todos los partidos sin excepción.