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Faro de Vigo

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Presunto desvío de fondos

El fiscal se opone a que se investigue el patrimonio del jefe de la oficina de Puigdemont

La acusación pública y el juez Aguirre mantienen profundas discrepancias acerca de las pesquisas sobre presunto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona y el caso Voloh

Josep Lluis Alay, en Madrid. EFE

El fiscal anticorrupción Fernando Maldonado se ha opuesto a que la Guardia Civil investigue el patrimonio del actual jefe de la oficina del expresidente Carles Puigdemont, Josep Maria Alay, y ha presentado un recurso ante la Audiencia de Barcelona contra la decisión del juez instructor Joaquín Aguirre, con quien mantiene una ardua disputa judicial en la causa del presunto desvío de fondos de la Diputación del Barcelona y la presunta financiación del procés y el caso Volovh sobre supuesta corrupción. La acusación pública sostiene que las pesquisas serían prospectivas, pues, a su entender, no existen indicios contra Alay para acordar esa medida y permitirla sería un "precedente extraordinariamente peligroso para autorizar investigaciones sometidas únicamente al capricho de quien decida investigar", según el texto al que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya.

El magistrado ordenó el pasado 20 de abril a la Guardia Civil que investigara el patrimonio de Alay a fin de determinar si se enriqueció ilícitamente, a la vez que solicitó a la Diputación de Barcelona que le remitiera los expedientes de los viajes realizados por el mismo cuando ostentaba el cargo de comisariado de relaciones internacionales (entre 2015 y 2018, durante la época de CiU) de esta institución provincial.

La sospecha

El juez argumentó que se había constado que otro exalto cargo de la Diputación y, al parecer, antecesor, Jordi Castells Massana (ahora en la Generalitat), podría haber percibido ingresos sospechosos y, por lo tanto, se debían rastrear los bienes del actual jefe de la oficina de Puigdemont por si ocurría o mismo. Los agentes del instituto armado detectaron que el saldo en sus cuentas bancarias pasó de 216.634 a 502.332 euros entre 2015 a 2017, además de la compra de pisos al contado sin pedir hipoteca. Castells fue detenido en mayo del 2018 en la marcooperación policial.

El recurso del fiscal recoge que la "única razón" ofrecida por el juez para investigar a Alay es la referencia a Castells y al informe de la Guardia Civil que se refiere "exclusivamente" a este excargo de la Diputación. En este mismo sentido, la acusación pública subraya que es "precipitada" la afirmación del juez de que Castells pudo enriquecerse ilícitamente, ya que la Guardia Civil todavía tiene pendientes la práctica de algunas diligencias y también "será necesario" que el investigado "explique razonadamente los movimientos en sus cuentas bancarias".

Reprocha, por lo tanto, que "un supuesto y no acreditado enriquecimiento ilícito" ni puede justificar las pesquisas del patrimonio de Alay. El fiscal Fernando Maldonado se ha opuesto en numerosas ocasiones a las decisiones acordadas por el juez Aguirre, aunque la Audiencia de Barcelona no ha atendido, por ahora, a sus razones.

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