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Faro de Vigo

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Sentencia

Condenados los dirigentes y exempleados de UGT Asturias por el fraude en los cursos de formación

Justo Rodriguez Braga, exsecretario general del sindicato, condenado a 2 años y 10 meses de cárcel | Entre multas e indeminzaciones los implicados y el sindicato deben pagar más de 4 millones de euros

Los procesados, durante la primera sesión del juicio. En el centro y en primera fila, Justo Rodríguez Braga, ex secretario general de UGT-Asturias.

Condenados por fraude en subvenciones públicas en unos casos, como cooperadores necesarios o cómplices en otros. La magistrada María Paz González-Tascón, del Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo, ha dictado sentencia en el caso de las acusaciones contra UGT de Asturias por el fraude en los cursos de formación. Y ha considerado culpables a todos los implicados y también a la organización sindical.

Eso supone penas de prisión para los seis dirigentes y trabajadores de UGT de Asturias y sus empresas vinculadas, encabezados por el ex secretario general del sindicato Justo Rodríguez Braga. Penas que van desde desde los 18 meses en el caso de dos trabajadores de eran encargados del control de las subvenciones; a los 3 años y 8 meses que se impone a administradora de la empresa Infastur, participada por UGT. A otros tres imputados, entre ellos Justo Rodríguez Braga, se les imponen penas de 2 años y 10 meses. Se les acusaba de cinco presuntos delitos de fraude de subvenciones. El fiscal y la acusación particular, ejercida por el Principado, pedían penas individuales de hasta 10 años. La acusación popular, ejercida por el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción de Asturies (OCAN), las elevaba hasta 12 años y seis meses.

Entre multas e indemnizaciones, la magistrada impone más de 4 millones de compensaciones. UGT como entidad solo debe hacer frente a una multa de 122.000 euros y quedaría cuatro años sin posibilidad de recibir subvenciones ni otros beneficios fiscales. Al Principado, solidariamente aunque con distintos cargos, los imputados deben reingresarle más de un millón de euros. En lo personal, las multas van desde los casi 800.000 euros que se imponen a un acusado, a los 353.000 euros que deberá abonar los considerados "cómplices" de la trama.

Además de Rodríguez Braga, estaban acusados Mónica Menéndez Vázquez, que fue secretaria de Administración de UGT Asturias y administradora y representante legal de Infastur, empresa del sindicato; Manuel Díaz Cancio, que fue secretario de Formación y secretario Ejecutivo de UGT Asturias y miembro del patronato de IFES, fundación del sindicato confederal; María Jesús Ocaña Clemente, administradora única de las sociedades Formación 2020 y Localmur, participadas por el sindicato; Alberto González Castaño, técnico adscrito a la secretaria de Formación de UGT Asturias y encargado de la contabilidad del sindicato y del control y justificación de las subvenciones que recibía, y Silvia Sariego Ferrero, que era la encargada de las mismas funciones en IFES. Además, también está acusada como persona jurídica UGT Asturias.

Según el relato del ministerio público al que ha dado crédito la magistrada, los acusados, actuando concertadamente, llevaron a cabo una operativa orientada al desvío de parte de los fondos públicos procedentes de las subvenciones para formar parados concedidas a UGT Asturias e IFES entre los años 2010 y 2014. Con ello obtenían supuestos beneficios económicos que revertían en la propia organización sindical. El desvío de fondos fue llevado a cabo, según la fiscalía, mediante diversos subterfugios para enmascarar los costes reales de ejecución de los cursos de formación por los que recibían las subvenciones del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa). Para ello se habrían servido de sociedades creadas o controladas por el sindicato y de empresas afines al mismo, a las que recurrían para proveerse de los bienes y servicios necesarios para ejecutar los cursos. Entiende la jueza que existía esa trama para "el sistemático desvío" de parte de los fondos públicos recibidos vía subvención tanto por el sindicato como por la fundación IFES, y que a través de esta mecánica obtuvieron con cargo a las subvenciones recibidas beneficios económicos que revertieron principalmente en la propia organización sindical, así como en la fundación y en las sociedades vinculadas.

Según el ministerio público, de las sociedades Localmur, Formación 2020 e Infastur se sirvieron, a través de un sistema de facturación por horas en el alquiler de locales y aulas, para en cada curso impartido incrementar el precio de los alquileres, facturando un coste superior al valor de mercado. En los casos de alquileres de equipos didácticos, por parte de Formación 2020 e Infastur, facturaban por su uso sin que consten previamente adquiridos esos bienes por las entidades (vinculadas al sindicato) que los alquilaban. Asimismo, en las subvenciones concedidas a UGT Asturias se incluía en la justificación de los costes gastos de personal laboral del sindicato que no había tenido relación directa o indirecta en las acciones formativas objeto de las subvenciones para formar desempleados.

La magistrada expone en su fallo que considera a los principales acusados como "cooperadores necesarios de los delitos de fraude de subvenciones en relación con la subvención concedida a IFES, Delegación Territorial de Asturias, en el año 2010 y subvención concedida a IFES, Delegación Territorial de Asturias, en el año 2011, sin que concurra circunstancia modificativa alguna de responsabilidad criminal a las penas, para cada una de ellas y por cada uno de los delitos, de prisión de diez meses y penas de multa para cada una de ellas por el primer delito (subvenciones concedidas a IFES en 2010) de 200.000 euros, con sujeción a la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada cuota de diez mil euros o fracción impagada, y multa para cada una de ellas de 210.000 euros por el segundo delito (subvenciones concedidas a IFES en 2011)" .

Como responsables civiles directas y de forma conjunta y solidaria indemnizarán al Principado de Asturias en las sumas de 231.466,57 euros y 330.179,33 euros por perjuicios derivados de la comisión de los hechos delictivos.

Procede también la condena, dice la jueza, de otros dos implicados "como cooperadores necesarios de un delito de fraude de subvenciones en relación con la subvención concedida a IFES, Delegación Territorial de Asturias, en el año 2011, a las penas, para cada uno de ellos, de prisión de diez meses y multa para cada uno de ellos de 210.000 euro”. Por este delito, subvención concedida a IFES, Delegación Territorial de Asturias, en el año 2011, responderán en concepto de cómplices otros dos trabajadores, correspondiéndoles unas penas de prisión de seis meses y multa para cada uno de ellos de 165.090 euros.

Igualmente procede la condena como coautores de tres de los implicados, C, A y E, por dos delitos de fraude de subvenciones con relación a las subvenciones concedidas a la UGT- ASTURIAS en los años 2011 y 2012”, con la correspondiente pena de un año de prisión y sendas multas de 254.521,36 euros y 122.028,32 euros, para cada uno de ellos. De estos delitos, subvenciones a UGT-ASTURIAS en los años 2011 y 2012, responderán en concepto de cómplices dos trabajadores de la entidad, correspondiéndoles para cada uno de ellos y por cada delito la pena de prisión de seis meses y sendas penas de multa, para cada uno de ellos, de 127.260,68 euros y 61.014,16 euros.

Otro de los implicados también es considerado cómplice de un delito de fraude de subvenciones en relación con la subvención concedida a UGT-ASTURIAS en el año 2012, y se le atribuye una pena de prisión de diez meses y multa de 80.000 euros. A este imputado se le absuelve, por apreciarse la prescripción para la misma, del delito de fraude de subvenciones en relación con la subvención concedida a UGT-ASTURIAS en el año 2011.

La magistrada incluye otra compensación al Principado de Asturias en las cantidades de 254.521,36 euros y 122.028,32 euros, por los perjuicios derivados de los delitos por los que constan condenados, así como otro añadido de 122.028,32 euros.

Finalmente, dice la jueza, procede la condena de UGT-ASTURIAS como responsable de un delito de fraude en relación con la subvención concedida a UGT-ASTURIAS en el año 2012, a la pena de multa de 122.028,32 euros y pérdida de la posibilidad de de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de cuatro años. UGT-ASTURIAS responderá solidariamente con los responsables civiles directos del abono de 122.028,32 euros y con carácter subsidiario del abono del importe de las restantes responsabilidades civiles impuestas en sentencia.

La resolución de la jueza no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Asturias en el plazo de 10 días siguientes a su notificación.

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