Las relaciones del Gobierno con el mundo judicial se han enturbiado esta semana hasta cotas pocas veces alcanzadas por dos acontecimientos que han contribuido a minar la confianza que debía imperar entre el Ejecutivo y los jueces y fiscales, como dos poderes del Estado. Uno ha sido la ausencia del Rey Felipe VI en la entrega de despachos a los nuevos jueces, en Barcelona; y el otro, las declaraciones del teniente fiscal del Supremo en relación, especialmente, a los fiscales del procés, sin que la fiscal general, Dolores Delgado, dijera una palabra.
Esos dos episodios han coincidido con el anuncio del Gobierno de iniciar la tramitación de los indultos de los condenados por el procés y la mezcla ha sido explosiva. Sobre todo, por las especulaciones sobre las verdaderas razones por las que el Gobierno no permitió asistir al Rey a un acto al que ya acudía sin falta su padre desde que se abrió la Escuela Judicial y al que Felipe VI había confirmado que iría.
El acto, para el que se consulta con la Casa del Rey cualquier detalle, desde fecha a lugar de celebración o medidas de seguridad, saltó por los aires. La llamada que el Rey dirigió al presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, supuso que los ministros de Podemos le acusaran de faltar a la neutralidad que le impone la Constitución.
Justo la misma Constitución por la que la presencia del monarca era tan importante para la mayoría de los jueces, no especialmente monárquicos o de derechas. La consideran poco menos que imprescindible por su artículo 117, que proclama que "la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados (...) sometidos únicamente al imperio de la ley".
Para cerrar el capítulo
Para cerrar el capítulo, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura exige al Gobierno conocer los motivos por los que no se le autorizó a ir. Esto contribuiría a acabar con las especulaciones, que han ido desde una hipotética falta de seguridad, que le afectaría a él, pero no al ministro de Justicia o a la fiscal general, hasta una supuesta "oportunidad política" que cuesta justificar.
Fuentes próximas al Ejecutivo lo explican en la cercanía del acto al fallo del Supremo que previsiblemente inhabilitará al presidente catalán, Joaquim Torra, lo cual temen que perjudicara la imagen del Rey en Cataluña, como ocurrió con su discurso del 3 de octubre de 2017. Juan Carlos Campo podrá esta semana acabar con las divagaciones al responder al PP en el Congreso.
Esa difusa oportunidad política también se daría en el otro acontecimiento, para algunos de los jueces y fiscales consultados. Dudan de futuras promociones para los cuatro fiscales de Sala del Supremo que defendieron la rebelión en el juicio del procés, después de que el número dos de la Fiscalía, Luis Navajas, mostrara sus dudas sobre esa acusación y entendiera la condena final de sedición con que el Supremo les habría "pinchado el globo". Todo, además, partía de unas declaraciones en las que Navajas acusó a la ex fiscal general Consuelo Madrigal y a Fidel Cadena -este último pendiente de renovación como fiscal jefe de Penal del Supremo- de estar "contaminados ideológicamente".
A diferencia de los jueces que con más o menos vehemencia en general defendían la presencia del Rey en Barcelona, los fiscales se dividieron claramente entre conservadores y progresistas. Los primeros, agrupados en la Asociación de Fiscales, sostienen que los problemas de la institución parten del propio nombramiento de Delgado tras haber sido ministra de Justicia y le reprochan no haber salido en defensa de sus compañeros del procés. La Unión Progresista de Fiscales, a la que perteneció Delgado, cree que lo mejor es resolverlo internamente con las informaciones previas abiertas por si hubiera responsabilidad disciplinaria.
