El Gobierno vería con buenos ojos que Juan Carlos I abandonara el palacio de la Zarzuela como medida simbólica ante las continuas informaciones sobre sus cuentas en Suiza. La portavoz del Ejecutivo se resistió ayer a ser explícita sobre esa salida, pero reconoció que su deseo "es obvio".
Los ministros y vicepresidentes, al menos los de la parte socialista del Gobierno, evitan hablar en público de Juan Carlos I. Pese a que casi cada día se conocen nuevas informaciones que aluden a presuntos negocios turbios y evasiones fiscales, la consigna en el Ejecutivo es que debe ser el presidente, Pedro Sánchez, quien fije posición. La semana pasada, Sánchez calificó estas noticias de "inquietantes y perturbadoras". También defendió una reforma constitucional para que la inviolabilidad del Monarca solo se extienda a los actos en el ejercicio de su cargo, y no a los delitos económicos. Al mismo tiempo, fuentes de la Moncloa abrieron la puerta a la posibilidad de que el Rey emérito abandonase el palacio de la Zarzuela. Esa salida, que tendría una enorme importancia simbólica, fue respaldada ayer por la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero tras el Consejo de Ministros.
Atendiendo a las directrices sobre quién es el encargado de mover ficha a las claras sobre Juan Carlos I, Montero evitó ser muy explícita tras el Consejo de Ministros. Preguntada en varias ocasiones por el hipotético traslado del exjefe del Estado, la portavoz insistió en que "la opinión" del Ejecutivo sobre este asunto "es obvia". La también ministra de Hacienda recordó las recientes palabras del presidente, en las que mostró su "agradecimiento" a la Casa Real por "marcar distancia de estas informaciones". Y por último, en su frase más clara, Montero dijo: "El Gobierno celebra y apoya las medidas pasadas y las futuras de la Casa Real para ganar en transparencia". Aun así, la portavoz dejó claro que la decisión sobre el destino de Juan Carlos I no "corresponde" al Ejecutivo, sino a su hijo, Felipe VI, el actual Rey, que el pasado marzo, dando por buenas las acusaciones sobre comisiones irregulares cobradas en la construcción del AVE a la Meca, renunció a la herencia de su padre y le retiró su asignación.
Frente al continuo flujo de informaciones sobre supuestos trapos sucios del exjefe del Estado, el Gobierno, muy preocupado por el desgaste institucional que pueden suponer en un momento de grave crisis económica y social, intenta trazar una línea clara entre el Monarca y su padre, alabando al primero y desligándose del segundo. La Moncloa, en este sentido, considera que la salida de Juan Carlos I de la Zarzuela supone un paso necesario, pero no quiere presionar en exceso a Felipe VI.
Podemos presiona al PSOE
El secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de En Comú, Gerardo Pisarello, insistió ayer a los socialistas en que reconsideren su negativa a que la Cámara Baja cree una comisión de investigación sobre las cuentas del rey emérito ante las noticias sobre sus "posibles actuaciones fraudulentas", que, además de "perturbadoras e inquietantes", como las calificó el presidente Pedro Sánchez, son "inadmisibles". Unidas Podemos tiene presentado un recurso contra el veto que, con los votos de PSOE, PP y Vox, impuso la Mesa del Congreso a esa investigación.
