El juez que investiga el "caso Delcy", el encuentro del ministro Ábalos con la vicepresidenta venezolana, ha dejado fuera de la causa al PP hasta que presente una querella y le remita sus cuentas para que pueda exigirle una fianza. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, rechaza en un auto conocido ayer la pretensión del PP de ser considerado acusación popular en este caso sin necesidad de interponer querella ni presentar una fianza. El magistrado, que la pasada semana exigió 20.000 euros a Vox y 5.000 al partido Laócratas para poder participar en el proceso, quiere que el PP siga los mismos pasos y le remita sus cuentas para fijar la cuantía de la fianza.

Los populares habían presentado una denuncia en otro juzgado (el 47) en la que pidieron con urgencia que se impidiera a Aena la destrucción de las cintas de la noche del 20 de enero cuando se encontraron en el Aeropuerto de Madrid-Barajas el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Pero ese juzgado se inhibió en el juzgado número 31 el pasado 21 de febrero y, a pesar de ello, aceptó tres días después la solicitud del PP de ejercer la acusación popular. Ahora, el juez del caso establece que esa admisión no es suficiente e insiste en que para ejercer la acusación el PP debe presentar una querella y prestar una fianza, para lo cual pide que le entre sus cuentas anuales.

Serrano-Arnal reprocha a su compañero que aceptara la personación del PP sin formular querella y sin prestación de fianza. El magistrado recuerda que la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) "instaura la querella como el instrumento procesal necesario para que el acusador popular pueda ejercer la acción penal, siendo que también debe, dicho acusador (...) prestar fianza", y ninguno de estos requisitos se dan hasta ahora con el PP.

Mientras realiza estos trámites en relación con las acusaciones populares, el magistrado ya comenzó a investigar y solicitó al Ministerio del Interior un informe que explique cuál es la normativa de funcionamiento del aeropuerto, así como quiénes son los funcionarios responsables de llevar a cabo su cumplimiento, para comenzar a analizar si con el encuentro entre el ministro y la mandataria venezolana se infringió el referido protocolo.