El presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, ya no descarta unas elecciones autonómicas en los próximos meses. Torra acabó cediendo ayer ante la evidencia de que su eventual inhabilitación, que se producirá si el Tribunal Supremo confirma la sentencia contra él del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, llevará a la comunidad de nuevo a las urnas. Torra ha querido preparar desde el principio el camino hasta esa cita, y lo ha hecho endosando a ERC, su principal rival político, la responsabilidad última de que el 2020 vaya a ser de nuevo un año electoral.
El cambio de discurso del president y de su grupo, JxC, se hizo evidente desde ayer por la mañana. Torra aprovechó una entrevista en Radio 4 para aceptar que "habría elecciones" si el Supremo confirma su inhabilitación. Pero añadió un condicionante: "Si el Parlament llegase a ese momento de desautorizarme, seguramente estaríamos unos meses en funciones y habría elecciones".
La salvedad es importante, porque el presidente del Parlament es Roger Torrent, uno de los principales dirigentes de ERC. Poco después, Torra fue más explícito y dijo que, pese a que la ley de Presidencia establece que el presidente del Parlament debe proponer a un nuevo presidente de la Generalitat en el plazo de 10 días en caso de condena penal firme que conlleve inhabilitación, él exigiría un pronunciamiento de la Cámara sobre su salida: "Pediría que el Parlament se pronunciase y acataría lo que dijese el Parlament. Siempre he dicho que haré lo que el Parlament decida en cada momento".
Queda claro en las declaraciones de Torra que el espacio posconvergente, liderado por Carles Puigdemont, quiere presentarse como el independentismo indómito, frente a una ERC que acaba de abstenerse para permitir la investidura de Sánchez. JxCat cree que esa -además del aura de Puigdemont- es su gran baza electoral ante un rival que ha ganado las dos últimas generales y tiene ventaja en todas las encuestas.
En todo caso, el Govern sigue defendiendo a Torra frente al dictamen de la Junta Electoral Central que ordenaba que se le retirase ya el escaño. Un informe del gabinete jurídico de la Generalitat concluyó ayer que aunque se despojara a Torra de su condición de diputado, no tendría que dejar sus funciones como jefe del Ejecutivo.
Entre tanto, ayer se celebró en Barcelona una mesa preparatoria de la mesa de negociación entre el Gobierno central y la Generalitat, previa a la mesa de partidos catalanes fijada para mañana, viernes.
El bloque independentista (JxC, ERC, CUP, ANC y Òmnium) se reunió con el fin de consensuar una lista de peticiones para la reunión que debe celebrarse antes de que termine el mes. Se salió de la reunión como se entró, es decir, con el compromiso de defender la autodeterminación y la amnistía para los presos, y se volvieron a constatar las diferencias sobre cómo abordar la negociación.
En el orden del día no se incluyó la elección de los representantes por parte del Govern a la negociación con el Ejecutivo de Sánchez, precisamente para no invadir atribuciones, pero los posconvergentes exigieron que se reconozca no sólo a Torra como interlocutor, sino también al expresidente Carles Puigdemont.
