En la intentona secesionista de Cataluña hubo episodios de violencia, pero insuficientes para encajar en un delito de rebelión, es decir para acercarse a la subversión del orden constitucional. Por el contrario, se trata de una violencia de tipo sedicioso, encaminada a impedir de forma tumultuaria la aplicación de la leyes. La sentencia del Tribunal Supremo sobre la causa que llevó al banquillo de los acusados a una docena de líderes independentistas resuelve así la cuestión central de un largo proceso jurídico, que ayer desembocó en condenas que van de los trece-la impuesta a Oriol Junqueras- a los nueves años de cárcel, para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
La sentencia fue acogida con movilizaciones en Cataluña, que mantuvieron bloqueado durante horas el aeropuerto de Barcelona. En plena precampaña electoral, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, anticipó que la sentencia del Supremo se cumplirá en su integridad y habló con los líderes de los principales partidos para garantizar su apoyo a las medidas que el Gobierno pudiera adoptar a tenor de los acontecimientos que se produzcan en Cataluña.
Los 500 folios de la sentencia del Supremo se hicieron públicos cuando los activistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, a los que se atribuye el protagonismo en la movilización social del independentismo, están a punto de cumplir los dos años en prisión preventiva, el máximo legal. Alcanzar ese límite sin haber resuelto su caso obligaba a celebrar "una vistilla" para prorrogar esa situación, pero suponía tentar la suerte ante el previsible recurso de los afectados a la justicia europea, que penaliza aquellas situaciones en los que el encarcelamiento preventivo se prolonga en exceso por dilaciones judiciales. Con ese apremio, los siete miembros de la Sala de lo Penal encabezada por Manuel Marcena firmaron ayer la sentencia que resuelve aspectos de fondo en torno a la intentona secesionista y establece una relación de hechos que considera probados.
La violencia y su grado era uno de los asuntos cruciales a los que se enfrentaban los magistrados. El instructor de la causa, el juez Llarena, consideró que los procesados incurrieron en un delito de rebelión, un alzamiento contra el orden establecido. Esa acusación, que la Fiscalía mantuvo también en sus conclusiones en la vista oral, provocó que quienes se sentaron en el banquillo quedaran suspendidos en su cargos públicos en el momento de la apertura de juicio. La rebelión del "procés" centró también durante semanas el debate político después de que, tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, la Abogacía del Estado modificara su acusación en la causa y abandonara la rebelión para atribuir a los acusados el delito de sedición. Ese cambio provocó incluso la sustitución del abogado hasta entonces encargado de esta causa, Edmundo Bal, quien acabó como diputado de Ciudadanos.
El Supremo se inclina ahora por la sedición. La sentencia establece que en el período que va del 6 de septiembre de 2017, cuando el Parlament aprueba la ley del referéndum, hasta el 27 de octubre, momento en que órgano legislativo declaró la independencia unilateral para suspenderla a continuación, hubo episodios violentos "indiscutibles" y "paradigmáticos". Sin embargo, la que la sala de lo Penal aprecia, tras los numerosos testimonios y pruebas documentales aportadas en una larga vista oral, no es una violencia "instrumental", "preordenada", ni "funcional", por lo que los hechos que llevaron al banquillo de los acusados a doce líderes del independentismo escapan a la tipificación de un delito de rebelión. La resolución que, llega tras la ponderación de más de 400 testimonios a lo largo de medio centenar de sesiones, reconoce "la absoluta insuficiencia del conjunto de actos previstos y llevados a cabo para imponer de hecho la efectiva independencia territorial y la derogación de la Constitución española en el territorio catalán".
Pese a su "despliegue retórico", los acusados sabían que no tenían medios para "doblegar al Estado", que "mantuvo en todo momento el control de la fuerza, militar, policial, jurisdiccional e incluso social" y abortó la "conjura con la mera exhibición" de unas páginas del BOE que publicaban la aplicación del artículo 155. El tribunal sí aprecia en cambio un delito de sedición, en el que incurre quienes "sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones". Esa circunstancia se dio en varias ocasiones, pero en dos momentos sobremanera: el 20 de septiembre con la movilización de unas 40.000 personas en torno a la Consellería de Economía, en un intento de impedir que una comisión judicial llevara a cabo el registro de las dependencias, y en la jornada del referéndum ilegal, el 1 de octubre, con la resistencia en los centros de votación. En torno a la consellería de la que era titular el entonces vicepresidente Junqueras hubo "movilizaciones que desbordaron los límites constitucionales del ejercicio de los derechos de reunión y manifestación y que crearon el ambiente coactivo e intimidatorio necesario para obligar a la Policía Judicial a desistir del traslado de los detenidos al lugar en que iba a practicarse, por orden judicial, la entrada y registro".
La sentencia establece que en ningún momento hubo "riesgo real" de ruptura en Cataluña, algo que debe ir más allá de "una mera ensoñación del autor o un artificio engañoso creado para movilizar a unos ciudadanos que creyeron estar asistiendo al acto histórico de fundación de la república catalán". Los ahora condenados utilizaron con engaño a quienes se sumaron a sus movilizaciones y "eran conocedores de que lo que se ofrecía a la ciudadanía catalana como el ejercicio legítimo del derecho a decidir, no era sino el señuelo para una movilización que nunca desembocaría en la creación de un Estado soberano". En definitiva, "bajo el imaginario derecho de autodeterminación se agazapaba el deseo de los líderes políticos y asociativos de presionar al Gobierno de la Nación para la negociación de una consulta popular".
Estas constataciones refuerzan a los magistrados de la Sala de lo Penal en que lo que hubo en Cataluña fue una sedición, que se llevó a cabo con medios generados ("concurso medial") por la vía de la malversación. La concurrencia de ambos delitos se da en cuatro de los acusados (Junqueras, Romeva, Turull y Bassa), sobre los que recaen las mayores condenas. Los hechos probados que relata la sentencia reflejan que hubo una "consciente y voluntaria desviación de destino de los fondos públicos", que "supusieron gastos ajenos a cualquier fin público lícito y se ordenaron careciendo de cobertura presupuestaria". Esas desviaciones se canalizaron "a través de la estructura de los departamentos de Vicepresidencia y Economía, Presidencia, Exteriores, Trabajo, Salud y Cultura". Los entonces titulares de estos dos últimos departamentos se fugaron con el expresident Puigdemont a Bélgica, por lo que no han podido ser juzgados todavía.
Sobre Oriol Junqueras recae la mayor de las condenas, trece años de cárcel y otros tantos de inhabilitación absoluta para el desempeño de cargos públicos. "No es justicia, es venganza", afirmaba Junqueras tras conocer la resolución del Supremo. El líder de ERC anticipa que "tardaremos más o menos: la independencia seguro que es inevitable".
La inhabilitación supone dejar fuera de la política a toda una generación de líderes de independentismo.Los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa están condenados a doce años y los mismos de inhabilitación. Por un delito de sedición, la que fuera presidenta del Parlament, Carme Forcadell, es sentenciada a once años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación. Para los exconsejeros Forn y Rull la condena es de diez años y medio de prisión al considerar la Sala que también incurrieron en sedición.
Los dos acusados que no eran cargos públicos y están condenados por el intento de impedir la acción de las autoridades son Jordi Sànchez, entonces, al frente de la ANC, y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural. Ambos llevan dos años en prisión pero están sentenciados a nueve y a otros tanto de inhabilitación. El fallo les atribuye el llamamimiento a concentrarse en torno a la consellería de Economía. Sànchez "asumió de forma voluntaria y con la aquiescencia del procesado Forn, que le confirió el rango de interlocutor, la promoción y el liderazgo de la concentración". Su actuación "fue absolutamente necesaria para la ejecución de los planes sediciosos". Cuixart ejerció un papel similar, pero los magistrados destacan además su actitud durante la vista oral. "No rehuye, ni disimula, ni esconde" su responsabilidad "en la multitudinaria oposición ejercida frente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto estatales como autonómicas" y llega "a verbalizar su decidida voluntad de seguir ajustando su conducta a esas pautas" cuando afirma que "lo volveremos a hacer".
La sentencia conocida ayer se situará en el centro del debate político en plena precampaña para las elecciones del 10 de noviembre. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, garantiza el "íntegro cumplimiento" de la sentencia , lo que anticipa la intención de denegar un indulto, que los condenados aseguran que nunca solicitarán. Este asunto fue central en los debates electorales de abril, cuando Sánchez se resistía, pese a la insistencia de Sánchez y Casado, a responder sobre la concesión del indulto alegando que todavía no existía condena. El independentismo respondió con movilizaciones, concentradas en un bloqueo del aeropuertos del Prat, que obligó a suspender más de un centenar de vuelos. El president Torra reclamaba reunirse con el Rey y con Pedro Sánchez.
