El procés fue una ficción, un gran engaño ciudadano, el teatro de una república soñada con apariencia de realidad. La sentencia considera en su exposición de hechos probados que tanto la ley de transitoriedad fundacional de la república catalana como los actos presuntamente jurídicos llevados a cabo por el Govern solo eran "una estrategia concertada" por los principales acusados para "crear una aparente cobertura jurídica" y hacer "creer a la ciudadanía que cuando depositara su voto estaría contribuyendo al acto fundacional de la República independiente de Cataluña".
El Tribunal Supremo señala que hubo un claro reparto de funciones entre los protagonistas; cada uno con la misión de desarrollar su estrategia desde el Parlamento, el Ejecutivo autonómico o el ámbito civil. El campo de la movilización ciudadana correspondió a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural.
Así, el referéndum del 1 de octubre y la posterior declaración de independencia, culminaron un proceso legislativo "en abierta y contumaz oposición" a los requerimientos del Tribunal Constitucional. Incluso el Parlament desobedeció al alto tribunal y desoyó las advertencias de los letrados, que señalaron en sus informes que admitir a trámite las proposiciones de ley de la independencia iba en contra de las prohibiciones expresas del Tribunal Constitucional.
El camino a la independencia contaba con "hojas de ruta" en las que Jordi Cuixart y Jordi Sánchez tuvieron una contribución "decisiva". Así, el 20 de septiembre, convocaron a la población a comparecer ante la sede de la Consejería de Vicepresidencia y pedían a los catalanes que se movilizaran. Esa movilización impidió que la Guardia Civil introdujese a los detenidos, que debían estar presentes en el registro.
La reunión del 28 de septiembre entre los responsables de los Mossos y los miembros del Govern, las fuerzas de seguridad catalanas "propusieron expresamente la suspensión de la votación", pero el consejero de Interior, Joaquim Forn, fue engañoso al afirmar que habría "normalidad" el día del referéndum. Con ese engaño, logró que no hubiese despliegue de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los centros de votación. Por contra, se animó a los ciudadanos a acudir, haciéndoles creer que las ocupaciones de centros tendrían una "finalidad puramente festiva o lúdica", cuando lo que se pretendía era ocuparlos para desarrollar las votaciones. La sentencia señala que ante la "actitud tácticamente predispuesta de quienes se apostaron a las entradas de los centros, los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se vieron obligados al uso de la fuerza legalmente prevista".
Finalmente, los gastos de toda esta ficción jurídica corrieron a cargo de la Generalitat, lo que revela la "consciente y voluntaria desviación de destino de los fondos públicos".
Tras la exposición de hechos, la sentencia dedica un exhaustivo relato a la autoría de cada uno de los nueve acusados condenados por delito de sedición.
| Oriol Junqueras. El entonces vicepresidente y consejero de Economía de la Generalitat tuvo un "destacado papel", no solo por su puesto orgánico sino por el "liderazgo reconocido" por otros condenados. La Sala considera que promovió la aprobación de las leyes del referéndum y transitoriedad y participó en la reunión organizada por los mandos policiales para informar del riesgo que supondría la votación. Pese a las advertencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia, Junqueras siguió adelante con el plan.
| Raul Romeva. El consejero de Asuntos y Relaciones Institucionales conocía que se promovía una legalidad paralela y confiaba en que la movilización ciudadana y el apoyo internacional neutralizasen la capacidad de acción del Ejecutivo central.
| Carme Forcadell. Su posición privilegiada de presidenta del Parlament le permitió "crear una legalidad paralela carente de validez", "desatender" las impugnaciones del Gobierno y el Tribunal Constitucional y entorpeció el desempeño de la autoridad pública de los tribunales de justicia, "cuyos mandatos fueron claramente burlados". Además, la sentencia señala que "alentó, organizó y protagonizó" actuaciones multitudinarias que entorpecieron la labor judicial, y tuvo "un decisivo papel en la dirección" de la normativa que "sirvió de ilusoria referencia para una ciudadanía que iba a ser movilizada como instrumento de presión".
| Jordi Turull. El Tribunal considera que, como presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí, "intervino activamente en la concertada actuación sediciosa". Así, presentó las urnas que serían empleadas en el referéndum y anunció el sistema de votación y censo.
| Josep Rull. El que fuera consejero de Territorio "era plenamente consciente de inobservancia de la legalidad", puso las bases "que propiciaron las condiciones de la movilización ciudadana" y participó en la realización del referéndum ilegal. "Su actividad no se limita a una idea, sino a la ejecución de actos". Además, el Tribunal considera probatorio el hecho de que impidiese el amarre del barco que sería alojamiento para el despliegue policial. También puso a disposición del referéndum locales dependientes de su departamento.
| Dolors Bassa. La exconsejera de Trabajo cedió locales para la votación y para evitar que los directores de esos locales se negaran a la apertura avocó para sí la competencia de todos los directores responsables de los centros afectados, un día después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictase el auto ordenando el cierre de los colegios electorales.
| Joaquim Forn. El exconsejero de Interior autorizó la "movilización tumultuaria del día 20 de septiembre" y fue consciente de sus dimensiones al ordenar a los Mossos "que confirieran a Jordi Sánchez facultades mediadoras". Se encargó, según la sentencia de que se aparentase el cumplimiento de los mandatos judiciales "con el decidido propósito de hacer inefectivas tales legítimas órdenes jurisdiccionales". Además, dirigió a los Mossos y con "cínica notoriedad" empleó el argumento de que había insuficientes Mossos para impedir la votación. Estas fuerzas policiales catalanas se convirtieron en informantes "de la estrategia policial".
| Jordi Sánchez. El responsable de la Asamblea Nacional Catalana "asumió de forma voluntaria" y con la aquiescencia de Forn "la promoción y el liderazgo de la concentración" del 20 de septiembre de 2017. Su asociación convocó la protesta con el objetivo de poner trabas, hostigar y desprestigiar ante la ciudadanía", tanto la labor de los magistrados del poder judicial español, como la de los agentes de la Guardia Civil. Rehusó desconvocar la manifestación o abrir un pasillo más amplio a los agentes.
| Jordi Cuixart. Según la sentencia, el máximo responsable de Òmnium Cultural actuó "in crescendo" pasando de hacer llamadas a la protesta a "empujar a la ciudadanía simpatizante con el movimiento secesionista a la resistencia activa". Y cuando llamaba a bloquear la actuación de la Guardia Civil o los tribunales no eran "metáforas" sino que invitaba a oponerse "materialmente" a aquellas actuaciones. Además, "sitúa su personal interpretación de los derechos fundamentales, por encima de la efectuada por el Tribunal Constitucional" una actitud que "si fuese admitida y generalizada" supondría "el suicidio del Estado de Derecho".
