El Gobierno ha incorporado la ley de Seguridad Nacional a su batería de previsiones para atajar una situación de grave alteración del orden público que comprometa la seguridad en Cataluña. Eso sí, lo mismo que en el caso del artículo 155 de la Constitución, con la precisión de que las medidas se tomarán "en la forma oportuna, en el momento en que sea preciso".
Fuentes del Ejecutivo en funciones dejaron claro ayer que el gabinete de Pedro Sánchez contempla "todos los escenarios posibles" y tiene un plan de respuesta para el caso de que las movilizaciones que sigan a la publicación de la sentencia del juicio del "procés" degeneren en disturbios.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, avanzó que la responsabilidad del Gobierno "es máxima", que analiza y observa la realidad de Cataluña y que actuará "en la forma oportuna, en el momento en que sea preciso" y siempre aplicando el ordenamiento jurídico.
Grande-Marlaska respondía así al líder del PP, Pablo Casado, que el martes reclamó a Sánchez que aplique la ley de Seguridad Nacional para así poder tomar el control de los Mossos d'Esquadra. El ministro recomendó no ser "alarmistas" ni hacer de "futurólogos" sobre la aplicación de este tipo de mecanismos legales que solo deben aplicarse "en los momentos oportunos". "Las leyes en este país se aplican cuando los supuestos de hecho concurren", sentenció.
La ley de Seguridad Nacional, aprobada en 2015 con el apoyo del PP, el PSOE y UPyD, y pese al rechazo de los grupos nacionalistas, permite al presidente del Gobierno, incluso estando en funciones, dictar un decreto que permita la coordinación de todas las fuerzas de seguridad del Estado ante hechos públicos de gravedad.
Sería un proceso de aplicación más sencilla que el que conlleva el artículo 155, que conduciría a la intervención de las competencias.
"Que vuelve ETA"
En este contexto, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, dijo que "algunos están deseando decir que vuelve ETA a Cataluña", lo que a su juicio es una "banalización" del terrorismo. Todo lo contrario, el líder de Más País, Íñigo Errejón, admitió que la aplicación del 155 no "hipotecaría un gobierno progresista en España".
Por otro lado, el Tribunal Constitucional, por unanimidad, declaró ayer inconstitucional y nula la resolución aprobada el pasado 7 de marzo por el Parlamento de Cataluña para crear una comisión de investigación sobre la Monarquía.
