La repetición de las elecciones prolonga la interinidad política y las limitaciones que han constreñido la capacidad de iniciativa legislativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez desde el mes de abril. Si bien la llamada ley del Gobierno deja espacio a interpretaciones disímiles, se considera que, estando en funciones, desde la Moncloa no se pueden promover, salvo ante situaciones de urgencia, cambios normativos que conlleven obligaciones presupuestarias para los siguientes gobernantes. Siendo así, quedan en el aire decisiones políticas de gran calado económico y social: la revalorización de las pensiones y de los salarios de los empleados públicos para 2020, la entrega pendiente de 4.700 millones a las autonomías para financiar los servicios públicos o la aprobación de la rebaja de la factura energética que está demandando la industria básica para evitar cierres y deslocalizaciones.
| Las pensiones. Considerando los tiempos del proceso electoral, España entrará en 2020 sin nuevos Presupuestos Generales del Estado. Si la formación de nuevo Gobierno se consigue en tiempo récord, el equipo entrante podría promover por decreto una subida de las pensiones alineada con la inflación, como se hizo en 2018 y 2019. Es legalmente más dudoso que pudiera hacerlo el Ejecutivo en funciones si vuelve a demorarse la constitución del nuevo. Las organizaciones de pensionistas y los sindicatos sostienen que, en ese caso, existe el riesgo de que la revalorización se quede en enero, al menos provisionalmente, en el 0,25%.
| Los salarios públicos. La actualización de las remuneraciones de los funcionarios también requiere una norma con rango de ley y por ello atribuciones que pueden quedar fuera de los límites de un Gobierno en funciones. Los sindicatos de la función pública demandaron ayer que se estudie un "cauce legal" para evitar que sus sueldos comiencen el año congelados. Los acuerdos sociales en vigor desde 2018 prevén para 2020 una subida para todos los empleados públicos(2,5 millones en España, 184.800 en Galicia) del 2%, que podría llegar al 3% si el crecimiento económico llega este año al 2,5% y se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria.
| Las autonomías. El Gobierno en funciones ha alegado las limitaciones que conlleva su carácter interino para explicar el bloqueo de 4.700 millones de euros de entregas a cuenta pendientes de abonar a las autonomías, que en algunas ya está generando tensiones de tesorería. En Galicia, la cantidad pendiente de cobro asciende a 330 millones. Aunque el Ministerio de Hacienda se ha comprometido a buscar algún encaje legal para liberar el dinero, el propio Gobierno invocó semanas atrás un informe de la Abogacía del Estado según el cual actualizar las entregas a las autonomías sobrepasa las atribuciones de un ejecutivo interino.
| La luz industrial. La ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, ha remarcado en las últimas semanas que el proyecto del llamado Estatuto del Consumidor Electrointensivo (nuevo marco legal para abaratar la factura eléctrica de la industria básica) está bloqueado por la ausencia de Gobierno con funciones plenas. Fuentes del sector fabril expresan que la repetición electoral añade incertidumbres sobre el futuro de la industria intensiva en consumo eléctrico en un momento muy delicado, de desaceleración de la demanda en Europa y con decisiones de ajuste sobre la mesa en algunas compañías.
