El juicio del "procés" puso ayer fin de una tacada a la fase testifical y a la pericial. En la primera, que ha durado tres meses (39 sesiones), han desfilado por el Supremo 422 testigos. La segunda, iniciada el miércoles, concluyó con algunas periciales de escasa enjundia (una filóloga compareció para aclarar el sentido de la frase "L'1 d'octubre de 2017 s'ha de celebrar el referèndum") y un careo entre dos expertos citados por las acusaciones y otros dos por las defensas que ha reflejado la visión diametralmente opuesta que tienen las partes sobre los hechos de septiembre y octubre de 2017.
En este caso, la discusión era si la cesión de locales para el referéndum puede ser valorada económicamente. Los testigos citados por las acusaciones, Carlos Javier Irisarri y José Manuel Cámara, sostuvieron que sí y que ese valor no baja de 900.000 euros. Los de las acusaciones, Jordi Duatis y Joan Güell, atestiguaron lo contrario y no dudaron en tachar el trabajo de los peritos de las acusaciones -y su metodología- de "ejercicio teórico para llegar a un valor", dado que a su juicio es imposible determinar el valor de mercado de estos edificios. "¿Un ayuntamiento usado como colegio electoral tiene un valor de mercado?", se preguntó Güell.
La otra pericial más esperada, la de dos mandos de la Guardia Civil que se incautaron de material sobre el 1-O en los domicilios de Josep María Jové y Lluís Salvadó, se frustró porque uno de los declarantes ya había comparecido en la fase testifical y el otro pretendía hablar de documentos que no obran en la causa.
