Dolors Bassa fue ayer la primera acusada en reconocer la "autoridad" del Tribunal Constitucional. "La admito y la siento", dijo al tribunal, pese a asegurar que nunca pensó que desobedecer los requerimientos de la corte de garantías fuera un delito, sino "un conflicto de intereses".
Además, restó validez a las leyes de desconexión, a la declaración de independencia y al 1-O, que concibe como meras herramientas "políticas" para forzar al Gobierno del PP a sentarse a negociar.
Bassa, que solo se negó a contestar a la acusación particular, que ejerce Vox, "por respeto a las mujeres de España", redujo la DUI a una expresión de "voluntad política" (en esto, como Rull y Turull) pero en respuesta a la aplicación del 155.
Y vino a decir que la vía unilateral fue el precio que pagó Junts pel Sí (CDC y ERC) para que la CUP no forzara la convocatoria de elecciones en 2016.
De la DUI dijo Meritxell Borràs, la siguiente en ser interrogada, que fue "una declaración política sin consecuencias legales ni jurídicas" y que "no obliga a nada ni establece nada". La comparó además con el preámbulo del Estatut.
Fue, como Bassa, mucho más suave que sus excompañeros con el TC: "No lo menosprecio, pero en los últimos años se había politizado". Borràs no está acusada de rebelión, por lo que se encuentra en libertad. Ayer se desmarcó de la toma de decisiones relevantes sobre el 1-O. Como hizo después Carles Mundó, el último en declarar, quien, además, aseguró al fiscal que había atendido los requerimientos del TC desde el 15 de septiembre de 2017.
Protagonizó varios encontronazos con el fiscal Javier Zaragoza, que se empleó con más dureza que el resto de los acusadores públicos. Como cuando negó que su opinión, como consejero de Justicia, tuviera más relevancia que la del resto de los consejeros.
