Las defensas de al menos dos acusados en el juicio del "procés", que arranca el martes día 12 en el Tribunal Supremo, reclaman que se celebren cuatro sesiones a la semana, no tres, como ha previsto el tribunal del caso. Si no, los letrados calculan que a la vista de los cerca de 500 testigos que comparecerán, el proceso se prolongará más allá de mayo, mes con una triple convocatoria electoral.

Olga Arderiu, abogada de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y Benet Salellas, exdiputado de la CUP que forma parte del equipo de defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, razonaron ayer en el programa "Via lliure", de la emisora catalana Rac1, que además de los tres días previstos (de martes a jueves, en sesiones de mañana y tarde) se habiliten también los lunes o los viernes.

"Se han admitido muchos testigos y es difícil poder acabar en mayo, según el calendario previsto", dijo Arderiu. Para Salellas, con solo tres días de juicio por semana, el procedimiento puede ser "incontrolable".

Entre tanto, la plataforma International Trial Watch (ITW), que impulsa la presencia de observadores internacionales en el juicio del "procés", ha pedido una reunión con el presidente del tribunal, Manuel Marchena, para exigirle que les reserve espacios dentro de la sala de vistas, como solicitan algunas defensas. El Tribunal Supremo no lo ve necesario, dado que las sesiones serán televisadas en directo y a través de la web del propio tribunal.

En todo caso, ITW anuncia que el próximo día 12 "representantes acreditados estarán presentes a las puertas del Supremo".

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, y las 17 fiscalías superiores de las comunidades autónomas condenaron las acciones de Arran y de los CDR, el viernes en la sede de la Fiscalía Superior de Cataluña, a cuyas puertas arrojaron pintura y huevos al término de una protesta contra un juicio que consideran "político".

Además, activistas de la ANC pasaron la noche encerrados en la sede de la Comisión Europea en Barcelona, donde irrumpieron con el pretexto de entregar una carta para su presidente, Jean-Claude Juncker, a fin de denunciar lo que califican de "violación grave de derechos humanos" en Cataluña.