La fiscal general del Estado, María José Segarra, considera que los responsables del Ministerio Público han de afinar el criterio al dar respuesta penal a la proliferación de denuncias por supuestos delitos de odio. En plena polémica por hechos como que el cómico Dani Mateo sea llevado ante el juez por sonarse con una bandera española, Segarra instó a los fiscales especializados en delitos de odio, a intervenir de manera "proporcionada, garantista y disuasoria" en asuntos relacionados con esa figura penal.
Segarra intervino en Madrid en una jornada de trabajo orientada a clarificar criterios. Las conclusiones del encuentro servirán para elaborar una circular que unifique la respuesta de todos los fiscales de España sobre los delitos de odio. La fiscal general considera que los casos relacionados con este tipo penal se cometen "con abuso de las tecnologías de la información". Hay un aumento importante de estas conductas, reconoce Segarra, por lo que se hace necesaria "una reflexión sosegada" que facilite la unidad de actuación de la Fiscalía. A su juicio, la ley orgánica que modificó el artículo 510 del Código Penal para los delitos de odio no contribuyó a crear una categoría unívoca de estas conductas, que siguen diseminadas en la norma. "Los difusos contornos típicos quizá no permiten aflorar todas las conductas de intolerancia", apunta la fiscal general, por lo que resulta necesario afinar los criterios sobre el delito.
La respuesta política a la posición de Segarra fue ayer dispar. El exministro de Justicia y diputado del PP Rafael Catalá considera que la regulación en su conjunto de estos delitos es "equilibrada". Catalá desconoce los "detalles técnicos" de la reflexión de Segarra, pero está "seguro" de que la aplicación del Código Penal aprobado por el Congreso se cumple dentro del marco normativo. "Será la fiscal la que tenga que explicar las dudas", señala el exministro, quien cuestiona que "se esté aplicando de manera desproporcionada ninguna ley aprobada por un parlamento democráticamente y cuya aplicación corresponde a los jueces profesionales". Los magistrados no hacen una interpretación "desorbitada ni de esa materia ni de ninguna otra", según Catalá.
Podemos se adhiere a la iniciativa de Segarra y a la conveniencia de reflexionar sobre una aplicación más proporcionada de los delitos de odio. Para la formación morada resulta necesario frenar las "extralimitaciones" en las que están incurriendo algunos jueces y fiscales como evidencia el caso de Dani Mateo, Por ello, le parece "muy adecuado" que la fiscal general "atenúe" el comportamiento de los fiscales en unas circunstancias que "son escandalosas para la mayoría de la ciudadanía".
