El tribunal de Schleswig-Holstein rechaza extraditar a Carles Puigdemont para que sea juzgado en España por un delito de rebelión pero sí admite que pueda ser procesado por malversación. La resolución de los jueces del länder alemán complica la causa judicial contra los líderes del proceso secesionista catalán y obligará a que el juez Llarena, quien acaba de cerrar el sumario, decida si acepta la resolución, que impediría juzgar al expresidente catalán por el más grave de los delitos que se le imputan, o renuncia a su extradición. El fallo no es recurrible por la Fiscalía alemana, que defiende ante al tribunal la posición española, pero sí por Puigdemont, cuyos abogados anunciaron ya su intención de apelar al Constitucional para que su defendido sea también exonerado del delito de malversación.

La detención de Puigdemont en Alemania, el 25 de marzo pasado, cuando regresaba a Bruselas desde Finlandia, abrió una pugna judicial cuyo final esta escrito ya en las primeras resoluciones de la corte de Schleswig-Holstein. Después de desbordar los plazos habituales para responder a la petición de extradición de Llarena, el fallo hecho público ayer, en vísperas de la que la justicia alemana inicie su período vacacional, reitera el argumento inicial de que en torno al referéndum ilegal del 1-O no hubo un grado de violencia "suficiente" para procesar al expresidente catalán por un delito de "alta traición", el equivalente al de rebelión en la legislación alemana. "La cantidad de violencia que prevé el delito de alta traición no se alcanzó en los enfrentamientos en España", dictaminan los jueces alemanes, quienes también descartan la alternativa de un posible delito de perturbación del orden público, propuesta en la solicitud de extradición, por entender que Puigdemont "no era el líder espiritual de las acciones violentas". La audiencia del länder alemán admite la extradición por malversación de fondos públicos en la organización de la consulta de octubre, aunque, a diferencia de la rebelión, señala que la demostración de estas acusaciones "es una cuestión que debe aclararse exclusivamente en el marco del proceso penal en España". El fallo rechaza el argumento de Puigdemont de que es un perseguido político para evitar su extradición a territorio español.

Las 22 páginas de la resolución de los jueces alemanes son toda una radiografía del proceso judicial de casi cuatro meses. La euroorden (Orden Europea de Detención y Entrega) presentada por las autoridades españolas es "absolutamente atípica", apunta la corte de Schlswig-Holstein, puesto que incluye una exposición "del desarrollo histórico de los esfuerzos por la independencia de Cataluña". "La descripción de los acontecimientos comienza en la primavera de 2015, aunque el perseguido había debido cometer los dos cargos que se le atribuyen entre el 6 de septiembre de 2017 y el 1 de octubre de 2017", señalan los jueces. Además, el contenido de las 70 páginas remitidas por el Tribunal Supremo "no afecta al perseguido, sino que se imputan diferentes delitos a un total de 25 personas".

El juez Llarena tendrá que dar respuesta ahora al fallo alemán. Aceptar la extradición de Puigdemont, al que los jueces no imponen medidas cautelares, en los términos de la resolución supondría que en España sería juzgado por delitos de menos gravedad que otros de los procesados de menor rango político cuando se produjeron lo acontecimientos, como el exvicepresidente Junqueras. El magistrado puede rechazar la extradición y reclamarla de nuevo si Puigdemont se desplaza a otro país.