Apartada de toda actividad institucional desde hace más de seis años y desposeída del ducado que le otorgó su padre, la infanta Cristina se asoma hoy a la última estación de su particular viacrucis con una condena de prisión para su esposo, Iñaki Urdangarín, que condicionará definitivamente su futuro.
A falta de comprobar si el previsible encarcelamiento de Urdangarín aconseja un nuevo traslado de residencia con sus hijos después de casi cinco años en Ginebra como coordinadora de programas de la Fundación La Caixa con agencias de la ONU, la sentencia reafirma tanto la marginación institucional impuesta a la infanta en octubre de 2011 como el distanciamiento familiar de su hermano.
La última vez que se la vio compartir un mismo espacio con Felipe VI y la reina Letizia fue el pasado 3 de abril, en la misa por el 25 aniversario de la muerte de don Juan de Borbón, y desde hace más de cinco años solo han coincidido en público en ese tipo de ceremonias fúnebres, de modo que su ausencia fue notoria en la multitudinaria celebración familiar por el 80 cumpleaños de su padre en la Zarzuela.
Han transcurrido más de 20 años desde que la joven hija del rey Juan Carlos -que mañana precisamente cumple 53- contrajo matrimonio en Barcelona con una respetada figura del balonmano y entonces se le auguraba un brillante futuro, tanto profesional como personal, junto a un deportista de éxito.
El sueño se truncó a finales de 2011, cuando su esposo fue excluido de las actividades de la Familia Real ante una inminente imputación en el caso Nóos y el juez José Castro empezó a estrechar el círculo judicial en torno a la infanta hasta que resultó imputada el 3 de abril de 2013.
Pese al notorio enfado de don Juan Carlos por lo que consideraba un "cambio de posición" del juez, la imputación siguió adelante y fue juzgada como presunta cooperadora en dos delitos fiscales, si bien quedó finalmente absuelta en la sentencia del 17 de febrero de 2016.
Lejos quedaba ya aquella primavera de 2009, cuando se anunció el traslado del matrimonio, con sus cuatro hijos, de Barcelona a Washington, donde el entonces libre de toda sospecha duque de Palma iba a trabajar para Telefónica Latinoamérica.
En aquel momento eran percibidos por la mayoría como la pareja perfecta, querida e incluso envidiada, unida por el deporte en los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta, donde la hija menor del Rey había conocido a aquel atractivo jugador de balonmano que conquistó la medalla de bronce con el equipo nacional.
Aficionada a la vela, como su padre y sus hermanos, ella misma había competido en los Juegos de Seúl 1988, en cuya inauguración fue la imagen del deporte español como abanderada del equipo olímpico.
Nacida en Madrid en junio de 1965 y licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense, la infanta vivió 17 años en Barcelona y desde el verano de 2013 desempeña en Ginebra su actual responsabilidad profesional en la Fundación la Caixa, para la que trabaja desde hace 25 años.
Durante el largo viacrucis judicial iniciado hace más de seis años, la reina Sofía ha mostrado públicamente un apoyo familiar sin fisuras a su hija y su yerno, a quienes ha visitado en numerosas ocasiones, mientras la infanta limitaba sus apariciones públicas a ceremonias familiares señaladas, además de sus dos comparecencias judiciales en febrero de 2014 y marzo de 2016.
En todo este tiempo ha demostrado la tenacidad y fortaleza de su carácter frente a una opinión pública adversa, crecientes iniciativas políticas e institucionales para retirarle todo tipo de distinciones honoríficas e innumerables rumores sobre el futuro de su matrimonio.
Su ausencia de toda actividad institucional se hizo especialmente patente con la abdicación de su padre y la proclamación de don Felipe, a las que no asistió, a diferencia de la infanta Elena, y el distanciamiento de su hermano quedó de relieve cuando en junio de 2015 le retiró el título de duquesa de Palma y la Casa del Rey negó que hubiera renunciado al ducado por propia iniciativa, como ella sostenía.
Felipe VI, que al acceder al trono impulsó un conjunto de iniciativas para garantizar la transparencia económica de la Casa del Rey, actuaba así en coherencia con el compromiso asumido en su discurso de proclamación, cuando subrayó que la Corona debe "velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente".
