La Fiscalía Anticorrupción estudiará, al final del juicio por la rama valenciana de la red "Gürtel" de financiación ilegal del PP, si investiga al expresidente de la Generalitat y de los populares de esa comunidad Francisco Camps. El ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa acusó directamente a Camps el pasado miércoles de ser quien decidió que se contratasen los actos electorales de las campañas de 2007 y 2008 con la filial valenciana de "Gürtel", la empresa Orange Market.

También fue Camps, dijo Costa, quien ordenó que parte de las facturas por esos actos se giraran a determinados empresarios, nueve de los cuales ya han confesado durante las sesiones del juicio para obtener una rebaja de la petición fiscal de pena.

Las acusaciones de Costa contra Camps llegaron después de que el máximo responsable de "Orange Market", Álvaro Pérez, "El Bigotes", señalase como responsable último de la toma de decisiones al expresidente valenciano.

Camps está citado para declarar en calidad de testigo, a petición de las defensas, el próximo día 7 de marzo por las presuntas irregularidades en "Gürtel", en un juicio que está previsto que concluya el 6 de abril si no hay variaciones en el calendario.

El Ministerio Público ha decidido aguardar a que concluya la vista para, a la luz de todas las declaraciones ante el juez, valorar la trascendencia de las declaraciones de Ricardo Costa. Camps podría enfrentarse a una investigación por un presunto delito de malversación de caudales públicos, que no habría prescrito puesto que la responsabilidad en ese tipo de delito no decae hasta que no transcurren quince años cuando el importe de la suma malversada supera los 50.000 euros, como es el caso. La pena prevista es de diez a veinte años de inhabilitación. En cambio, sí que habría prescrito el delito electoral, cuyo plazo de vigencia es de tan sólo cinco años.

Otra de las reacciones a las acusaciones de Costa contra Camps ha sido la del Pleno de las Cortes Valencianas, que ayer acordó pedir al expresidente que renuncie a su puesto en el Consejo Jurídico Consultivo del País Valenciano "por haber incurrido en actos y comportamientos que no se corresponden con la necesaria dignidad de la institución". PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos votaron a favor, mientras que el PP se abstuvo alegando no querer que se convierta el parlamento autonómico "en un tribunal de honor franquista".

Camps no tardó en responder que no tiene la intención de renunciar y añadió que "no tiene sentido" que la cámara hable de él nueve años después de que dimitiera de su cargo. Para Camps, "los partidos de la izquierda y catalanistas" valencianos le tienen "una inquina especial" desde hace años. Sobre las acusaciones de Costa, sostuvo que la financiación del PP valenciano "ha sido correctísima", tal y como, precisó, han reflejado todas las auditorías realizadas.

Desde el PP nacional, su portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, pidió perdón por lo que calificó de "casos excepcionales" de corrupción en el partido y aseguró que siente una "enorme vergüenza" tras la confesión de Costa. Sobre su comparecencia ante el juez, Hernando constató que es "evidente" que ha modificado su versión anterior, aunque resaltó que Costa también ha declarado que la dirección nacional del PP le advirtió que esas prácticas "estaban prohibidas".