Las relaciones entre los dos grupos independentistas del Parlament -Junts pel Sí (JxSí) y la CUP- se enconaron ayer por una moción de la izquierda anticapitalista que llama a la cámara a desacatar al Tribunal Constitucional (TC) y que amenaza con abrir su primera crisis de la legislatura por el proceso soberanista.
La Mesa del Parlament, en la que JxSí tiene mayoría, admitió a trámite la moción, para que pueda ser debatida y votada en el próximo pleno, pero a condición de que se modifique su contenido, ante las "dudas" sobre su legalidad.
El texto de la CUP pide desatender la suspensión cautelar decretada por el TC de la declaración de inicio del proceso hacia la independencia aprobada el pasado 9 de noviembre por el Parlament.
El vicepresidente primero del Parlament, el convergente Lluís Corominas, avisó de que, si no se produjera ninguna variación a través de enmiendas, la Mesa propondrá someter a votación del Pleno una alteración del orden del día para retirar la moción.
La portavoz parlamentaria de JxSí y secretaria general de ERC, Marta Rovira, buscó un tono conciliador con la CUP, a la que atribuyó voluntad de "mejorar" la moción para que sea asumible por los 72 diputados independentistas. "JxSí comparte el contenido de la moción", dijo Rovira, quien consideró necesarias "reuniones de coordinación con la CUP".
Sin embargo, la portavoz parlamentaria de este grupo, Anna Gabriel, advirtió que no piensan enmendar su propuesta. "No vamos a modificar ni una coma, porque no modificamos nuestros anhelos de libertad, porque somos coherentes y porque mantenemos la palabra y los compromisos", dijo.
"Los debates técnico-jurídicos nos importan muy poco, porque no estamos aquí para acatar la legalidad española, sino para desbordarla", añadió. Posteriormente, el portavoz parlamentario adjunto de la CUP, Albert Botran, negó querer "poner a prueba" al Govern o a JxSí con la moción, que confió se debata en el pleno.
"Lo que toca a la mayoría independentista de la Cámara, así como a un Govern independentista, es mostrar su firmeza y posición coherente con la declaración del 9-N, que está sufriendo una ofensiva judicial del Estado", sostuvo.
La consellera de la Presidencia, Neus Munté, mostró su malestar: "No creemos que sea necesario pasar una reválida cada 15 días en el Parlament". No obstante, Munté aseguró que, pese a la "excesiva gesticulación" de la CUP, "nada hace pensar" por ahora que esté en peligro el acuerdo de estabilidad que permitió la investidura de Carles Puigdemont el 10 de enero.
