Los partidos políticos están obligando a dimitir a sus representantes de poco rango cuando son imputados por delitos relacionados con la corrupción, pero no proceden de la misma forma cuando los afectados son sus altos cargos, a los que salvan y blindan en sus escaños alegando presunción de inocencia y aplazando la decisión a fases más avanzadas de la acción judicial, según datos recopilados por Europa Press.
Este es el caso del exministro socialista José Blanco, los diputados de CiU Oriol Pujol y Xavier Crespo, el parlamentario del PSC Daniel Fernández o el diputado de IU en Asturias Angel González, quienes durante el último trimestre han tenido que hacer frente a diferentes casos relacionados con la corrupción, pero se han negado a abandonar sus escaños respaldados por sus partidos. Estos se suman a los nueve diputados del PP en el Parlamento valenciano que siguen en sus puestos pese a estar inmersos en procesos judiciales.
Y mientras estos altos cargos mantienen su actividad política, durante los tres primeros meses de 2013 han dimitido más de una docena de militantes de bajo rango de todos los partidos políticos imputados en asuntos relacionados con la corrupción. Entre ellos se encuentran alcaldes como el de Sabadell, Manuel Bustos (PSC), o el de San Hilari, Robert Fauria (CiU), que renunció esta misma semana; o concejales como el popular Albino Vázquez Aldrey (Santiago) o el socialista catalán Antonio Rodríguez (Tarragona).
Protegidos
Entre los protegidos por sus formaciones, el caso más avanzado es el del exministro y exnúmero dos del PSOE José Blanco. El fiscal pidió al Tribunal Supremo que requiriera del Congreso el suplicatorio necesario para poder juzgarle por tráfico de influencias, pese a lo que Blanco anunció que sólo dimitirá si se abre juicio oral contra él.
En la misma situación se encuentra el que fuera número dos de CiU Oriol Pujol, que tras ser imputado hace dos semanas por la trama catalana de las ITV dejó la Secretaría General de CDC pero anunció su intención de mantener el escaño y continuar como militante convergente. También sigue como diputado de CiU en el Parlament Xavier Crespo, imputado por su presunta relación con la mafia rusa cuando era alcalde de Lloret.
Además, el pasado día 15 fue imputado el socialista catalán Daniel Fernández por un presunto delito de tráfico de influencias acusado de colocar a una exalto cargo del Gobierno del tripartito en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac (Barcelona). Fernández dimitió como secretario de Organización del PSC pero también mantiene el escaño en el Parlament.
El último caso que ha salido a la luz es el del diputado asturiano de IU Angel González, que mantiene el asiento con apoyo de su formación pese a haber sido imputado en relación con unos contratos efectuados en 2010 cuando era viceconsejero de Bienestar Social.
Sin embargo, esta situación no es nueva y todos estos casos, destapados durante el último trimestre, se suman a los ya existentes. Varios parlamentos autonómicos albergan desde hace meses a imputados que mantienen el puesto.
El caso más llamativo es el del Parlamento valenciano, en el que hasta nueve diputados del PP mantienen su escaño pese a estar inmersos en diversas causas judiciales. También hay parlamentarios autonómicos imputados en las asambleas de Canarias, Baleares, La Rioja, Murcia, Andalucía o Madrid, que siguen en sus puestos apoyados por sus respectivos partidos.
El año 2013 comenzó con nuevas imputaciones sobre sonoros casos de corrupción como los negocios de Iñaki Urdangarín y el caso Nóos o los papeles de Bárcenas y la supuesta contabilidad B del Partido Popular; y su primer trimestre ha terminado con el nuevo impulso judicial al caso de los ERE en Andalucía, que ha concluido con una veintena de imputaciones y varios de sus implicados con órdenes de prisión.
Otros casos
Pero además, ha habido otros casos que se han saldado con casi medio centenar de políticos imputados durante los tres primeros meses del año, que se suman a los más de 300 con los que terminó 2012.
Muchos de estos casos sí han costado el cargo a sus protagonistas, como el del ya dimitido alcalde de Sabadell Manuel Bustos por la investigación sobre corrupción urbanística en el municipio o el que era concejal de la localidad Ricard Estrada.
También han dimitido otros cargos públicos como el concejal de Tarragona Antonio Rodríguez (PSC), el condenado alcalde de Valverde (El Hierro) y diputado canario Agustín Padrón (PP) o el concejal de Fistas de Sant Antoni (Ibiza) José Costa (PP), imputado en dos conflictos laborales.
Otra de las grandes causas abiertas este año ha sido la Operación Manga, que derivó en la detención de nueve personas en Santiago, Cataluña y Asturias y tuvo como consecuencia dimisiones como la del concejal de Seguridad de Santiago Albino Vázquez Aldrey (PP) o el alcalde de Sant Hilari Sacalm (Girona) Robert Fauria i Danés (CiU).
