Así se ha pronunciado el representante del Ministerio Público ante la Sala de lo Penal del Supremo durante la vista pública para estudiar los recursos interpuestos por once de los condenados por este caso por la Audiencia Provincial de Asturias, en enero de 2007.
Los recurrentes son, además de Trashorras y Toro, Ángel Manuel Arenal, Javier Antuña, Pedro Julián Corao, José Luis Aramburu, Miguel Angel Murillo, Laurencio Castaño, David García, Francisco Javier Álvarez y Marcos Barreiro.
Trashorras fue condenado a diez años de prisión por sendos delitos de tenencia y tráfico de explosivos y contra la salud pública, y Toro, que fue absuelto por los atentados del 11-M, a once años y seis meses de cárcel por los mismos delitos.
Por su parte, el abogado de Trashorras, Claudio Turiel, ha argumentado que la condena a su patrocinado "es más por fama que por pruebas", mientras que la letrada de Toro, Dolores Infante, ha hecho hincapié en que no está probada la participación de su cliente en los hechos.
La Fiscalía, que no ha recurrido la sentencia, ha impugnado todos los recursos y únicamente ha apoyado parcialmente los de los abogados de Javier Antuña y Miguel Ángel Murillo, quienes han solicitado al TS una rebaja de las condenas.
Antuña fue condenado por un delito contra la salud pública a cinco años de prisión y al pago de una multa de 90 euros y Murillo a siete años y medio de prisión por dicho delito y otro de tenencia ilícita de armas.
Respecto a Trashorras, el fiscal ha indicado que el Supremo debería confirmar su condena, aunque ha señalado que la sentencia dice que éste está acusado en otra causa (por los atentados del 11-M), lo que, a su juicio, "no es conveniente" y "es improcedente".
La denominada "Operación Pipol" se llevó a cabo en Asturias en julio de 2001 y permitió desarticular dos redes dedicadas al tráfico de drogas, así como la incautación de 86 kilos de hachís, casi tres kilos de cocaína, 16 cartuchos de Goma-2 y 94 detonadores industriales.
La Audiencia de Asturias absolvió a cuatro de los dieciocho acusados en el sumario e impuso a los imputados restantes condenas que oscilan entre los cuatro y los once años de cárcel.
La sentencia consideró probado que el ex minero y su cuñado se dedicaban ya en 2001 a vender "por su cuenta" drogas y cartuchos de "dinamita Goma 2 ECO", aunque no consta cuál era "la fuente de aprovisionamiento" de los explosivos.
