La Generalitat fijará el tope de inmigrantes que podrán escolarizar en cada área los centros educativos, para evitar los guetos y otorgará a las escuelas una mayor autonomía de gestión que les permitirá incluso definir y aplicar un currículo académico propio en cada caso.
Éstas son algunas de las novedades que recoge el anteproyecto de Ley de Educación de Cataluña, acordado entre los socios del Gobierno catalán, que renuncia a la pretensión del departamento que dirige Ernest Maragall de abrir la escuela a la iniciativa privada, lo que provocó la huelga de docentes del pasado 14 de febrero.
El anteproyecto, presentado ayer en conferencia de prensa por el conseller, establece que la gestión de los centros públicos continuará en manos públicas, aunque podrán ejercerla consorcios creados por la Generalitat y los ayuntamientos, e incluso se prevé la existencia de centros propios con modelos de provisión de docentes extraordinarios.
