Antonio Suárez Valdés, abogado de la Asociación Independiente de la Guardia Civil, explicó este colectivo se ocupará de la defensa de los agentes imputados en vía penal y quiso dejar claro que no hay sanción disciplinar dentro del cuerpo porque "la suspensión en sí misma no es una sanción".
Suárez Valdés aseguró que esta medida se ha tomado "por la alarma social que ha generado el caso". Los agentes seguirán cobrando su salario mientras dure la suspensión y tendrán que permanecer "por ahora" en la provincia de Almería.
El abogado se mostró muy crítico con la actitud del ministro del Interior, José Antonio Alonso, a quien advirtió que sus manifestaciones sobre este caso "pueden llegar a tener incluso su precio político". Cree que ha habido "un linchamiento mediático de nueve compañeros guardias civiles inocentes y de sus familias".
