España abre el debate sobre dónde estará su gran cementerio nuclear para siempre

El Gobierno acaba de aprobar el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), la gran hoja de ruta para todo este siglo sobre cuándo cerrará España sus centrales nucleares, cómo gestionará todos los residuos radiactivos que han generado y, también, cuánto costará y cómo se pagará la factura milmillonaria de desmantelar los reactores y guardar los residuos nucleares.

El nuevo PGRR confirma el cierre escalonado de todas las centrales nucleares españolas entre 2027 y 2035 hasta el apagón total; contempla la construcción de siete almacenes de residuos radiactivos en España, uno en cada una de las centrales, para guardarlos de manera temporal durante cinco décadas; y anticipa la futura construcción de un almacén geológico profundo (AGP), aún por diseñar y elegir ubicación, con el objetivo de que esté operativo en 2073 para acoger para siempre lo residuos de alta radiactividad.

El cementerio nuclear definitivo -una suerte de gran agujero en el terreno en el que descansarán los residuos durante miles de años- no estará listo hasta dentro de 50 años, ese es el plazo fijado por el Gobierno y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). Un plazo conservador, basado en la experiencia internacional, que anticipa que los trabajos para tenerlo listo durarán décadas, pero cuyo cumplimiento pasa por activar ya el proceso por la complejidad técnica del proyecto y, sobre todo, por la enorme dificultad de conseguir el apoyo social y político necesario para elegir una ubicación para el futuro almacén.

En busca del consenso social

“El consenso social se debe empezar a buscar desde ya”, sentencia el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Juan Carlos Lentijo, en un encuentro con prensa. “Hay que empezar a construir las estructuras de participación social necesarias. La participación de todos los grupos de interés debe estar garantizada en el proceso más delicado que es el de la elección del emplazamiento del AGP (…) Es un proceso que no sólo es técnico, también es social”, subraya el máximo responsable del supervisor de la seguridad de las instalaciones nucleares en España.

Hasta la última versión del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos, el Ministerio para la Transición Ecológica mantuvo abiertas dos alternativas para guardar los residuos durante unas décadas: construir siete almacenes por toda España o levantar un único cementerio centralizado temporal (que era el proyecto que ha estado vigente durante años, con la elección de Villar de Cañas en Cuenca como ubicación, y que ahora ha quedado por completo descartado).

El Gobierno ha alegado que la “falta de consenso social, político e institucional” demostrada durante el periodo de tramitación del nuevo plan de residuos hizo “inviable” la opción de un único almacén centralizado. Desde el sector nuclear se apunta que se debe a que ninguna comunidad autónoma respaldaba la posibilidad de acoger el cementerio nuclear, a pesar del interés de algunos ayuntamientos. España ahora afronta el gran debate de dónde estará su cementerio nuclear definitivo y se prepara para activar nuevas fórmulas para asegurar ese consenso social y político exigible.

El Gobierno, Enresa y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) reconocen que conseguir esos consensos políticos y sociales es el mayor reto para impulsar el proyecto del almacén definitivo y que el proceso no descarrile. El plan para conseguirlo pasa por dar estabilidad máxima al proceso mediante una ley con un apoyo claro en las Cortes para articular un procedimiento de participación institucional y social que sea la base del consenso para la selección con éxito de una ubicación para el AGP.

El PGRR contempla ocho etapas para el largo proceso hasta tener operativo el almacén definitivo de los desechos nucleares. Desde este mismo año y hasta 2025, se actualizará todo el conocimiento disponible sobre el asunto, con la revisión de la información realizada hasta el momento; entre 2026 y 2028 será el momento de desarrollar la ley para regular el proceso de elección del emplazamiento e identificar a los actores que deben participar en el proceso; entre 2029 y 2032 tocará elegir de facto un listado de ubicaciones posibles del futuro cementerio nuclear; entre 2033 y 2039 se realizará un análisis completo de los emplazamientos y se elegirá el localización candidata final; entre 2040 y 2059 se realizarán los trabajos de caracterización y verificación de la idoneidad del emplazamiento; entre 2060 y 2071 se ejecutará los trabajos de construcción del almacén y se activará el proceso para recibir la autorización de explotación; y tras una operación en pruebas desde 2072, el objetivo es que el almacenamiento esté operativo desde el año 2073.

El Gobierno cede a la presión de Endesa e Iberdrola y alarga el proceso del ‘tasazo’ a sus nucleares

Un primer mapa de ubicaciones

Entre los ochenta y los noventa del siglo pasado, Enresa ya desarrolló trabajos de preparación del futuro AGP. La compañía ya realizó un estudio primigenio de áreas de toda España con características geológicas (tener terrenos arcillosas, graníticas o salinas) y de estabilidad como para acoger el almacén, y también realizó diseños genéricos de cómo debería ser la instalación en función de los diferentes tipo de terreno. En 1996 el plan de búsqueda de emplazamientos se paralizó por el ruido social que generaba la posible ubicación de la instalación definitiva y para apostar por la construcción de un almacén temporal. “La buena noticia es que sabemos que hay muchos lugares susceptibles de albergar una instalación de estas características”, subraya el presidente del CSN.

Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar los residuos nucleares y el desmantelamiento de las centrales, defiende haber incluido en el PGRR el plazo de tener listo el almacén final en 2073 por prudencia. La experiencia internacional actual muestra que el tiempo que hay que destinar para desarrollar todo el proceso hasta la puesta en marcha de un almacén geológico se sitúa entre los 40 y los 50 años. Y Enresa optó por ese plazo mayor, aunque entiende que podrá acortarse.

El presidente de Enresa, José Luis Navarro, ha respaldado públicamente, no obstante, el objetivo de adelantar el cementerio nuclear definitivo para liberar lo antes posible los terrenos que hoy ocupan las centrales nucleares para dedicarlos a otros proyectos industriales, como exigen las grandes eléctricas propietarias de los reactores.

Las eléctricas piden acortar plazos

Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, dueñas de los reactores ubicados en España, presentaron un documento conjunto de observaciones al borrador PGRR en el que pedían mantener sólo durante dos décadas los residuos nucleares en cada una de las centrales y activar directamente la construcción del cementerio definitivo para adelantar su puesta en marcha 25 años antes de lo previsto por el Ejecutivo, para que esté operativo como tarde en 2050 y no en 2073, como adelantó este medio.

Algunas de las centrales nucleares españolas ya cuentan con sus propios almacenes temporales individualizados (ATI) -Zorita, Garoña y Trillo- y en el resto están en proceso de adjudicación y estarán disponibles entre 2025 y 2026 -Almaraz, Vandellós, Ascó y Cofrentes-. Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP apostaron en sus alegaciones por utilizar estos almacenes individuales como solución intermedia durante un par de décadas, hasta que se puedan trasladar todos los residuos al gran cementerio final, el AGP, en 2050.

La propuesta de las grandes eléctricas es utilizar los ATI de cada central para dejar allí los residuos durante dos décadas, pero sin llegar a realizar los trabajos para su conversión en almacenes más completos y con instalaciones complementarias en las que albergar los desechos durante más de cincuenta años, como contempla el PGRR para convertirlos en almacenes temporales descentralizados (ATD). La pretensión de las compañías es adelantar el almacén definitivo para liberar los terrenos en que estarán los silos temporales y así poder utilizarlos para otros usos industriales de manera adelantada. El Gobierno se ha mostrado abierto a adelantar la puesta en operación del almacén definitivo y acelerar los plazos.

“Podemos conseguir acortar los plazos y tener el AGP lo antes posible”, indicó hace unos meses la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen. “Los plazos y los tiempos se podrán acortar en función de la celeridad en las primeras etapas de desarrollo del AGP”, subrayó. Desde Enresa se da por hecho que el conocimiento que podrá obtenerse de otros países que tienen más adelantado sus proyectos de AGP (Finlandia podría tenerlo operativo ya en 2025, Francia y Suecia trabajan ya en los permisos de construcción, Alemania ultima la selección de la ubicación…) permitirá acortar esos 50 años de duración de todo el proceso estimado hasta ahora.