A punto de cumplirse 13 años de la vuelta del Partido Popular a la Xunta, en el Parlamento gallego se volvió a darle vueltas ayer al bipartito y, particularmente, a la polémica vivida en la coalición de PSdeG y BNG con su concurso eólico. “Seguramente el Bloque tiene mala conciencia por la desfeita que quiso cometer en Galicia con el sector eólico”, arremetió el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Francisco Conde, en respuesta a las acusaciones de la nacionalista Noa Presas por la “la falta de garantías democráticas y la relajación en el análisis y fiscalización de los informes necesarios” para la evaluación de los proyectos. El enfrentamiento esta vez venía de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra la repotenciación del parque de EDP en Corme, que se acogió a la rebaja de 15 días en los plazos prevista por el Ejecutivo autonómico en sus diferentes leyes de simplificación administrativa para el proceso de exposición pública. Algo, según los magistrados, que choca contra los 30 días a los que obliga la normativa comunitaria para la consulta de los informes de impacto medioambiental y la presentación de alegaciones.
Conde anunció un recurso ante el Supremo y defendió que el fallo del TSXG “avala la vigencia del Plan sectorial eólico de Galicia” y “no pone en cuestión los criterios técnicos y ambientales que llevaron a aprobar el proyecto”. Efectivamente, la sentencia no acepta todas las demandas que tienen que ver con esos aspectos. El vicepresidente aseguró también que la decisión de los magistrados no afecta “a las sucesivas leyes de agilización administrativa aprobadas por la administración autonómica”. Pero sí lo hacen porque la sentencia deja bien claro que esa parte de la exposición pública no puede reducirse a 15 días, como pasó con Corme y otros muchos parques tramitados desde 2017, como adelantó FARO con varios ejemplos concretos cuando se conoció la sentencia.
