La nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI), la número 58 desde su creación en 1963, cumplió el guión que se preveía. Gobierno y sindicatos sacaron adelante un alza de 35 euros para que ningún trabajador con jornada completa cobre menos de 1.000 euros al mes (14.000 euros repartidos en 14 pagas), el mismo suelo pactado con las patronales para la negociación de los salarios que están amparados por un convenio colectivo.
Aún así, ni CEOE ni Cepyme quisieron entrar en el acuerdo, argumentando la misma razón que en su rechazo a la subida de 2021, cuando el SMI pasó de 950 a 965 euros: “No es el momento”. Los órganos de gobierno de ambas decidieron “por unanimidad” desvincularse del pacto por el aumento de los costes laborales “y la presión sobre los márgenes de las empresas” en un contexto de cuellos de botella y encarecimiento de las materias primas que “pueden llevar a un menor dinamismo económico en el futuro y a una menor creación de empleo”. A pesar de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, agradeció expresamente a los empresarios el diálogo de las últimas semanas, también les recordó que “lejos de todo lo que se ha dicho” –en referencia a los informes sobre el supuesto impacto en la ocupación– la subida del SMI “ha sido muy positiva para nuestro país y para la economía”.
En Galicia, según los cálculos de CC OO y los cálculos de FARO a partir de los datos de asalariados y retribuciones de la Encuesta de Población Activa (EPA) y la Agencia Tributaria, hay unos 100.000 trabajadores con una mejor nómina con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero. Son unos 83.000 empleados a jornada completa que están vinculados al SMI y alrededor de 20.000 más con contrato a tiempo parcial. El sindicato asegura que el incremento a 1.000 euros elevará los ingresos de 1,8 millones de trabajadores en toda España, especialmente mujeres (55% de los potenciales beneficiarios) y los jóvenes: casi uno de cada tres asalariados de 16 a 24 años a jornada completa y el 15% de los de 25 a 34 años.
En 2020, la brecha salarial de las mujeres en Galicia se redujo a 4.167 euros, la más baja de los últimos 13 años. Una caída que los sindicatos y el Gobierno achacan a las dos relevantes subidas que llevaron el SMI a 950 euros frente a los 755 de 2018. De lo 1,23 millones de asalariados que hubo a lo largo de ese ejercicio en la comunidad, más de 402.000, el 39% cobraba por debajo del SMI.
Por otro lado, el desmarque de los empresarios provocó que no quedara atado el incremento del SMI para 2023. Aquí el compromiso del Gobierno es claro y pretende llegar al equivalente del 60% del salario medio en España. Lo que, según los cálculos del comité asesor del Ejecutivo, sitúa potencialmente este suelo salarial el año que viene en una cifra cercana a los 1.050 euros. Trabajo ofreció moderar esta subida a cambio de que los empresarios aceptaran acercarse a los 1.000 euros este año, pero los patronos lo rechazaron.
La subida le costará a los empleadores unos 600 euros anuales en salarios y cotizaciones sociales. Según un análisis de CC OO, el incremento del SMI beneficiará a unos 300.000 trabajadores en toda España. El sueldo mínimo está atrapando a los eslabones más débiles de los convenios. En 2018 sindicatos y patronales ya acordaron que no podía firmarse ningún nuevo convenio con categorías por debajo de los 1.000 euros brutos (en 14 pagas), por más que en algunos sectores las centrales denunciaron fuertes resistencias para aplicar dicho compromiso.
En este sentido desde la patronal denunciaron la injerencia del Gobierno en la negociación colectiva y emplazaron a las centrales a empezar a negociar el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), una especie de convenio de convenios donde las cúpulas de los agentes sociales establecen recomendaciones sobre cómo tienen que evolucionar los salarios durante los próximos años. Las negociaciones empiezan el próximo 3 de marzo. Y el reto es mayúsculo: intentar pactar recomendaciones con la sombra de la actual espiral inflacionista sobrevolando las mesas negociadoras. El objetivo de patronal y sindicatos es tenerlo cerrado antes del segundo semestre.
