El Ministerio de Consumo tendrá capacidad sancionadora contra los fraudes e incumplimientos de grandes empresas. El objetivo es establecer un “desincentivo” a que las grandes empresas cometan abusos contra los consumidores porque afecten a la unidad de mercado de la competencia, que tengan incidencia en varios Estados miembros de la UE o en el ámbito de Internet.
