Manuel Fernández de Sousa comparte una única imputación con su esposa, Rosario Andrade Detrell: alzamiento de bienes o, subsidiariamente, blanqueo de capitales. La acusación emana del intento de envío de 5,2 millones de dólares de una cuenta abierta en Valença (Portugal) a Standard Chartered Bank, en Hong Kong, después de que la Audiencia Nacional dictase en 2013 el auto con millonarias fianzas para los exconsejeros y exdirectivos. En la sesión del miércoles Sousa atribuyó aquella decisión a los mejores rendimientos que ofrecía la entidad asiática, de "más del 10%". Pero el fiscal Juan Pavía trató ayer de desenredar el complejo procedimiento por el que se nutrieron aquellos fondos que acabaron al otro lado de la raia, y de los que su mujer pudo disponer en pleno proceso concursal. "¿Esta cuenta es significativa por algo?", cuestionó Pavía ante las reticencias del expresidente de la pesquera. "Es que es la única en la que está autorizada su mujer. ¿Por qué?". A juicio del Ministerio Público, Sousa habilitó a Andrade para gestionar las cuentas bancarias que habían recibido previamente la devolución de un préstamo concedido a Pescanova -recuperado el mismo día en que solicitó el preconcurso- de seis millones de euros.
En suma, Fernández de Sousa prestó a Pescanova S.A. más de 15 millones de euros en las semanas previas a la solicitud preconcursal, a través de dos bloques. El primero, por 9,3 millones, nunca lo recuperó; los seis restantes sí, aunque terminarían bloqueados en Portugal. "El 1 de marzo de 2013 -relató el fiscal- desde Pescanova se ordenó la devolución urgente de ese dinero a una cuenta de Kiwi España (empresa familiar de los Sousa), con llamadas durante toda la mañana a la oficina de Barclays en Vigo". Sousa aseguró que aquel préstamo lo había concedido para cinco días, y que simplemente se procedió a cancelarlo como un vencimiento más. Al término de esa jornada Pescanova S.A. comunicaba su insolvencia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Aquella cuenta de Kiwi estaba a nombre del propio Fernández de Sousa, quien habilitaría a su esposa más tarde para poder utilizarla. "¿En todos los años anteriores nunca había considerado darle esos poderes, y lo hizo el 12 de marzo?", reclamó el fiscal. Para el expresidente del grupo la razón es simple, y se mostró visiblemente molesto con la insistencia de Pavía. "Lo contesté ayer, fue asumiendo más funciones en las empresas, es normal que tuviera poderes". Eran 14 las cuentas de Kiwi en el Echevarría, tal y como mostró el Ministerio Público; en una de ellas sí consta la firma de Andrade Detrell.
A las 11.37 horas terminó Fernández de Sousa, exhausto, su declaración ante Juan Pavía. Recibió más de una reprimenda del Tribunal, pero contestó a todas las preguntas.
La defensa
La entrada en escena de su letrado, Gonzalo Martínez Fresneda, le sirvió para redimirse. Para defender su proyecto y poner en valor un ingente volumen de inversiones -más de 830 millones de euros entre 2007 y abril de 2013- que no tuvo tiempo de madurar. "Esos proyectos son los mejores del mundo: Portugal, Xove, Chile, Centroamérica?" Habría seguido enumerando, pero lo cortó hasta su propio letrado, que pretendía -lo logró- ser breve. Y, aunque no se le preguntó al respecto, tuvo ocasión de condenar la gestión de la crisis financiera en España. "Como no se cambió la ley de cajas no pudieron financiarse y desaparecieron. Ahora tenemos un oligopolio que afectará al desarrollo de este país".
Martínez Fresneda hizo hincapié en la corresponsabilidad de la banca y la auditora -como expuso en las cuestiones previas de la primera sesión del juicio, desestimadas-, y trató de demostrar con el testimonio de Sousa que los exconsejeros siempre supieron de los problemas de liquidez de Pescanova. Que era imposible que hubiese cogido -como sostienen- de sorpresa a fondos como Luxempart o Damm. "BDO era una de las cinco mayores auditoras del mundo, confiamos en ella durante diez años. No tenía motivos para pensar que no saben hacer su trabajo". Y negó que hubiese deuda escondida, razón por la cual la auditora debería haberla localizado y hecho figurar en sus informes o a través de salvedades a las cuentas anuales.
Volvió a defender a sus subordinados - "respondo de su honradez total"-, a la plantilla - "afortunadamente todos se pasaron a Nueva Pescanova"-, la familia -sostuvo que él y su esposa ordenaron la transferencia a Hong Kong antes de saber que Pablo Ruz le pedía 178,8 millones de fianza- y a la sociedad de la que fue presidente durante tres décadas, casi el mismo tiempo que la pena de prisión que ha solicitado para él el Ministerio Fiscal. "Le auguro un futuro muy bueno".
Alfonso Paz-Andrade se jubiló como trabajador de Pescanova SA en 2007, aunque se mantuvo como accionista, consejero y miembro del comité de auditoría hasta bien entrado el año 2013. Sobre esa permanencia en la sociedad pivotan las imputaciones que recaen sobre él, solo por detrás de que pesan sobre el expresidente Manuel Fernández de Sousa. Pero Paz-Andrade se afanó ayer, a preguntas del Ministerio Público, en trazar un amplio cordón sanitario entre la gestión ordinaria de la compañía y él. "Iba a la empresa cada dos meses". Ni siquiera cuando era consejero delegado, cargo que ostentó entre 1977 y 2007. "La creación de las sociedades mixtas [para operar en países terceros] necesitaba de un negociador, no era más que eso y fue mi humilde aportación", respondió a un fiscal severo e incisivo. "Tengo la sensación de que tienen la imagen de Pescanova llena de contables y técnicos, pero fundamentalmente es la empresa que ha tenido quizás la mayor flota pesquera del mundo".
Las desavenencias con Fernández de Sousa son conocidas, y expuso que se negó a ser su asesor, tras jubilarse, por las discrepancias en la política de Pescanova. "Allí ya no había sitio para mí". Enseguida trató de perfilar, ante la insistencia de Juan Pavía, que su papel en la compañía era muy secundario. "Nunca he negociado con un banco". Y, aunque a cierre de 2011 tenía poderes en 14 entidades financieras, lo atribuyó a una cuestión formal. "Tenga la seguridad de que no voy a aparecer en ninguna operación".
De momento -la declaración se reanudará el día 19- Pavía le ha recordado su participación en las reuniones que se produjeron antes del colapso del grupo. Incluida la reunión privada y "no oficial" en la que Sousa, según su versión, pidió 30 millones de euros a los consejeros para ganar tiempo hasta vender una compañía salmonera. Paz-Andrade lo negó: "Sabíamos que aplazar la venta de Acuinova podría acarrear tensiones de tesorería", aunque aseguró haber salido de aquel encuentro "como entré. Fue intrascendente". "¿Le pidió dinero a usted?", cuestionó el fiscal. "A mí no". El expresidente de la pesquera había declarado que sí, pero que tanto Paz-Andrade como José Antonio Pérez Nievas le habían manifestado que "no podían". El fiscal cuestionó que el exconsejero no hubiese advertido del contenido de aquella reunión, solo tres días antes de pedir el preconcurso, al comité de auditoría. O que se hubiese extrañado de que el consejero por Damm, José Carceller, se negase a firmar las cuentas. "Nadie se imaginaba la magnitud del problema". Sus manifestaciones y distancia con las decisiones adoptadas en la multinacional durante aquellos días, y que derivaron en un enorme concurso de acreedores y esta macrocausa, molestó incluso al tribunal. "Usted no era un convidado de piedra", le recriminó.
