Factorías Vulcano solicitó su cierre definitivo con una deuda aproximada de 40 millones de euros. Pero escondía una sorpresa. Y a cargo, además, de quien no estaba invitado a la fiesta. La antigua filial del astillero, Factorías Juliana, se ha colado en el proceso de liquidación para engordar el pasivo en veinte millones de euros. En diciembre de 2017, como anticipó FARO, el Tribunal Supremo ratificó en firme una multa de 25 millones a Vulcano por causar la quiebra de su antigua subsidiaria asturiana. Pero la empresa viguesa amortiguó aquel golpe al convencer al Juzgado de lo Mercantil de que esa sanción debía sufrir una quita del 80%, la misma que aplicó a los acreedores de su -otra vez- penúltima insolvencia. Aquellos 25 millones pasaron a ser solo cinco, pagaderos a partir del año 2035. La Audiencia Provincial de Pontevedra acaba de tumbar esa rebaja: la multa -fijada tras la pieza de calificación de la quiebra de Juliana, que fue culpable- "se encuentra al margen del proceso concursal". De quita, nada.
El fallo, firmado por los magistrados Francisco Javier Menéndez (ponente), Manuel Almenar y Jacinto José Pérez es del 11 de junio. Esto es, de dieciséis días antes de la entrega del ferri Villa de Teror y tres semanas previo a la solicitud formal de liquidación. Una petición que Factorías Vulcano justificó en la imposibilidad de "hacer frente a los pagos comprometidos" y en la que achacó los retrasos en la construcción del ferri no a su gestión durante el periodo de construcción, sino a los "graves vicios ocultos" del casco y el sistema de propulsión. "Los importes obtenidos [a la entrega del barco a Trasmediterránea] no han sido suficientes para abonar todos los pagos pendientes", se defendió el astillero vigués. En el mismo escrito Factorías Vulcano no hizo referencia alguna a este fallo condenatorio de la Audiencia Provincial.
En primera instancia, el Mercantil 3 el juez expuso que "el crédito derivado de la pieza de calificación [esos 25 millones de sanción] no fue incluido como crédito contra la masa y los liquidadores de Juliana únicamente impugnaron la calificación como contingente subordinado de un crédito relativo a las costas". Por este motivo el magistrado Sergio Burguillo -el mismo que será ahora el responsable último de liquidar Vulcano- dio la razón al astillero vigués. Pero la Audiencia considera que "la acción que se ejercita -en referencia a la petición de aplicarle una quita a la multa- se en cuenta al margen del proceso concursal". En caso de que el nuevo administrador de Factorías Vulcano (Emilio Rodríguez de Dios) pretendiese rebajar la multa, debería hacerlo "en el futuro, fuera del concurso y una vez concluido éste". El recurso de Juliana ha sido estimado en su totalidad, con la revocación del fallo de primera instancia dictado en Vigo.
La compra en 2006 de Factorías Juliana -heredera de los activos en Gijón de Izar Construcciones Navales- fue, reconoció la dirección de Vulcano, "una decisión completamente equivocada". "Estábamos en un momento de récord de contratación", admitió años después el ex director general del astillero, José Domínguez. La sentencia del Supremo, además de imponer la multa de 25 millones, supuso la inhabilitación de José Domínguez, José Luis Méndez y Fernando Santodomingo. Solo durante los dos últimos procesos concursales el centenario astillero aplicó quitas por importe de 202 millones de euros: 52 millones en la quiebra del año 2000 y otros 250 en la de 2011.
