El estatuto de la industria electrointensiva, que estaba llamado a ser el salvavidas de las plantas de Alcoa en venta (A Coruña y Avilés) se ha convertido en gasolina para el conflicto que mantiene la multinacional estadounidense en España. La compañía aluminera anunció ayer que alegará contra el borrador que el Gobierno hizo público el lunes y alerta de que esta propuesta de marco eléctrico industrial pone en riesgo la única fábrica del país en la que se sigue produciendo aluminio primario, la de San Cibrao (Cervo, Lugo). A pesar de que la planta lucense está fuera del ERE (expediente de regulación de empleo) que afecta a los 700 empleados de A Coruña y Avilés, sus cifras no son buenas. Las pérdidas de Alcoa en San Cibrao supera los nueve millones de euros al mes.
Fuentes sindicales reconocen que la fábrica de alúmina de Cervo no está consiguiendo compensar las pérdidas de la de aluminio primario. El máximo directivo de la multinacional, Roy Harvey, dijo a principios de febrero que la compañía no se compromete a mantener en funcionamiento las plantas de aquellos países donde los precios de la energía son "inciertos".
El anuncio de una nueva subasta de interrumpibilidad (las pujas en las que las compañías se reparten compensaciones económicas a cambio de desenchufarse de la red en caso de necesidad) para cubrir el segundo semestre del año no ha calmado los ánimos.
La anterior, que se celebró en diciembre y que cubre este primer semestre del año, resultó una debacle para la gran industria. No solo complicó la ya de por sí delicada situación de Alcoa, sino que también desencadenó un ERE de dos años en Ferroatlántica, que afecta los 400 empleados de sus dos fábricas coruñesas.
El proyecto de Real Decreto del Estatuto de Consumidores Electrointensivo distingue entre dos tipos de usuarios: el electrointensivo y el hiperelectrointensivo en función de la energía que consumen respecto al valor añadido bruto de su producción. A cada uno de estos grupos se les impondrán unos derechos (un coste "aceptable" de la electricidad) y unas obligaciones relativas a la reducción de emisiones de dióxidos de carbono, innovación o una mayor eficiencia y ahorro. Queda descartada una de las demandas de la patronal, una tarifa especial para la industria, pero se pretende facilitar los contratos estables de energía a largo plazo (PPA) con suministradores.
Alcoa considera el borrador del decreto "insuficiente e incierto" para la industria del aluminio en España. Para la multinacional, el texto "no aporta la solución que la industria del aluminio primario necesataría en España para su sostenibilidad", ya que mantendría un "significativo diferencial" en el coste de energía respecto a los países competidores.
