La reforma de la Renta de Integración Social (Risga) aprobada esta semana por la Xunta tras cinco años pendiente es la enésima prueba de que recibir una prestación o tener un empleo ya no es garantía de una vida digna. Las dos cosas se podrán compaginar a partir de ahora. Ese es el principal cambio, junto con la posibilidad de que haya dos beneficiarios por hogar y la subida de la cuantía media en 100 euros, hasta los 550. Hay en estos momentos 10.000 personas cobrándola en la comunidad. Tras duplicarse durante la crisis, el número de beneficiarios, según la Xunta, se redujo en 600 en lo que va de la actual legislatura. Un descenso del 5% en casi dos años y medio a pesar de que la economía regional creció por encima del 3% durante este tiempo. No hay duda de que la recuperación no llega a toda la sociedad por igual. De hecho, el riesgo de pobreza y exclusión social se mantuvo prácticamente sin variación en Galicia en 2017, cuando la actividad batió un récord histórico y el Producto Interior Bruto (PIB) regional superó los niveles previos a la doble recesión. Afecta a casi el 20,3% de la población, según el balance que acaba de publicar el Instituto Galego de Estatística (IGE), aunque la tasa se dispara muy por encima del 25% e incluso llega al 30% en zonas de interior o rurales donde la falta de oportunidades está condicionando claramente el bienestar de sus vecinos.
En su radiografía de la situación en 2014, cuando se puso en marcha la Estrategia de Inclusión Social hasta 2020, la Xunta identificaba las "áreas próximas a las grandes de las ciudades de las provincias" de Ourense y Pontevedra como epicentros del riesgo de pobreza y advertía de que el "progresivo envejecimiento" era una de las principales debilidades en la lucha contra la exclusión y una amenaza la "concentración espacial de la pobreza, especialmente en zonas urbanas desfavorecidas y en zonas rurales". Como consecuencia, entre los "importantes cambios" que se produjeron en el perfil de los participantes en el plan de inclusión autonómico, la propia administración destaca "el incremento de las incorporaciones que presentan la exclusión territorial como problemática principal".
¿Cómo influye la cuestión territorial en las condiciones de vida de los gallegos? El problema afecta a personas o grupos de población residentes en zonas, "especialmente rurales y dispersas", según el diagnóstico de la Xunta, en las que "las dificultades de acceso a recursos y la falta de oportunidades vitales no permiten mantener unas condiciones de vida equiparables a las que tienen aquellos que habitan en el resto de del territorio". A eso se añade la crisis demográfica, que "agrava" la exclusión territorial.
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Ni la pérdida de población ni la concentración de la actividad en los entornos urbanos pisan el freno o dan señales visibles de que pueden hacerlo a medio plazo. Y eso se refleja en las diferencias enormes en la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social a lo largo y ancho de Galicia. Frente al algo más del 20% en el conjunto de la región, en los concellos del sur de la provincia de Pontevedra se dispara por encima del 30%. En las comarcas de Paradanta, Baixo Miño y Condado se situó en el 30,27% en 2017. Casi uno de cada tres vecinos no tiene suficientes ingresos o sufre carencias materiales severas. La incidencia de la pobreza en esta zona fue mayor en los años de la crisis -llegó a superar el 37%-, pero llama mucho la atención el empeoramiento de la situación desde 2016 (26,6%), en un contexto de recuperación de las grandes magnitudes de la economía.
El riesgo de pobreza o exclusión social sube casi siete puntos, hasta el 27,2%, en los municipios de los alrededores de Pontevedra ciudad; y salta también a más del 25% en las comarcas de Caldas y O Salnés. La dispersión y las consecuencias del invierno demográfico son comunes a las otras dos áreas de la provincia de Ourense en las que la tasa se mueve alrededor del 25%: las comarcas de O Carballiño y O Ribeiro y las de Limia, Baixa Limia, Terra de Celanova, Verín y Viana. Eso sí, en todas ellas se alcanzó el 30% el ejercicio anterior, como recoge el IGE.
A Mariña de Lugo, una comarca que ha podido resistir el envite de la pérdida de población gracias, entre otras razones, a la inmigración, registra el menor porcentaje de riesgo de pobreza y exclusión social de Galicia (13,94%), junto con la zona de Santiago (14,66%), donde también se ubican varios de los concellos más jóvenes de la comunidad y el colchón laboral que da la presencia de las administraciones. Tanto en Vigo como en A Coruña, la tasa se mantiene por debajo de la media, en los dos casos alrededor del 19%.
El mínimo descenso del drama de la pobreza en Galicia durante 2017 se concentra en las edades más altas, mientras que aumenta en el caso de los menores de 15 años -pasa del 19,7% al 21,7%- y entre los 16 y los 24 años (23,5%). Tener una educación superior ayuda a lograr un mejor empleo, pero no elimina el riesgo, con una tasa del 8% en el colectivo. Pese al importante recorte de nueve puntos en el último año analizado, la incidencia entre los extranjeros (43,4%) es más del doble que en el resto (15,2%).
