Con la entrada en el nuevo año comienza la cuenta atrás para la revolución verde en España. Toda la potencia adjudicada por el Gobierno en las tres subastas de renovables para cumplir con los objetivos europeos de consumo de electricidad limpia tienen que estar en funcionamiento antes de que acabe el recién estrenado 2019. Son unos 9.000 megavatios (MW) de, sobre todo, eólica y fotovoltaica, que corren contra reloj para completar la habitualmente lenta y difícil tramitación. Ahí, en acelerar el proceso de autorizaciones, se centró el giro de la Xunta en su política energética. La ley de fomento de la implantación de iniciativas empresariales en Galicia, en vigor desde finales de octubre de 2017, da prioridad a este tipo de proyectos y establece para ellos una tramitación exprés muy aplaudida por el sector. El Ejecutivo autonómico estima que se levantarán aquí alrededor de 700 MW, a la espera de se conozcan las ubicaciones concretas de algunos de los ganadores de las pujas. Los participantes tenían la posibilidad de barajar diferentes lugares para sus parques, llevarlos adelante finalmente en las zonas donde consigan antes los permisos y así minimizar los riesgos de perder los millonarios avales -18.000 euros por cada MW- depositados tras la adjudicación. Pero la potencia en cola en la comunidad es muchísima más que la que puede salir con el apoyo de las subastas. Los promotores acumulan casi 8.000 MW con solicitud de conexión al sistema eléctrico.
En este momento funcionan en Galicia algo más de 3.400 MW en aerogeneradores, según el Registro de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica. La región es una de las principales potencias españolas en el aprovechamiento del viento como fuente energética a pesar del terreno perdido en los años del parón por el fracaso de los dos concursos eólicos autonómicos y la reforma energética que acabó con las primas a las fuentes renovables. Entre las solicitudes que han entrado a raíz de las subastas ahora del Ministerio para la Transición Ecológica y los viejos proyectos, incluso pendientes desde los famosos planes eólicos de la era Fraga, hay un total de 7.714 MW con solicitud de acceso presentada, como recogen los datos de Red Eléctrica de España (REE) actualizados hasta el pasado 30 de noviembre.
La cantidad incluye tanto las peticiones para engancharse a la red de transporte como a la de distribución. El último paso para conectarse es la firma de un contrato técnico de acceso (CTA), ya sea con la propia REE si el enlace del parque es con su infraestructura, o con Naturgy y Viesgo para los que vierten su producción directamente a la red de distribución. Sobre este segundo caso, que son mayoría entre los complejos de molinos que están ahora en funcionamiento, no hay datos oficiales. Con REE solo los promotores para los proyectos de 76 MW rubricaron el CTA de un total de 3.644 MW (2%) con petición de acceso a la red de transporte.
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Las solicitudes acumuladas en Galicia para proyectos que, evidentemente, no son seguros y tampoco a corto plazo, suponen el 16% de toda la potencia en espera del conjunto del país, que suma 47.916 MW. Solo superan la cuota gallega las comunidades de Castilla y León, líder eólica en España, con más de 9.700 MW; y Aragón, la nueva estrella del sector, con 7.759 MW.
La filial de renovables de Energías de Portugal (EDP) inauguró en noviembre los dos primeros parques de esta nueva etapa en la eólica gallega. Alcanzan los 68 MW y surgen a partir de la primera subasta renovable, la más pequeña, realizada por el Gobierno en enero de 2016. Durante el acto, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que hay otros 20 parques (465 MW) que disponen de todas las autorizaciones necesarias de la administración autonómica y que incluso cuatro de ellos estaban empezando o a punto de iniciar las obras en aquel momento.
