El Gobierno ha decidido compensar las pensiones en 2018 con la inflación de noviembre, con lo que tendrá que abonar a los pensionistas la décima de diferencia entre la revalorización de las pensiones presupuestada (1,6%) y la tasa anual de IPC del mes pasado (1,7%). Lo hará así, según fuentes gubernamentales, porque en diciembre es posible que la inflación no supere el 1,6%, con lo que los pensionistas se quedarían sin compensación. Hace unas semanas el Ministerio de Trabajo detalló que cada décima al alza de la inflación respecto a la subida de las pensiones tendría un coste para la Seguridad Social de 128,6 millones de euros.

El año que viene, según las mismas fuentes, la Seguridad Social ingresará unos 1.500 millones de euros adicionales por la actualización de las bases de cotización, con una subida que será del 22,3 % para las bases mínimas del régimen general (la misma que para el salario mínimo interprofesional) y de alrededor del 10 % para las máximas.

La revalorización conforme al IPC en el periodo 2018-2050 y mantener la entrada en vigor del "factor de sostenibilidad" para 2023 elevaría el gasto un 1,9% del PIB en 2030 y un 3,4% del PIB en 2050 respecto al escenario de aplicación de la reforma de 2013, que dibujaba un panorama muy diferente: subidas de las pensiones de sólo el 0,25% durante gran parte de las próximas tres décadas, según indica el Banco de España en un informe publicado ayer. La reforma de 2013 establece que la revalorización sea de un máximo del 0,25% en situaciones de déficit del sistema, y del IPC más un 0,5% en épocas de superávit, y condiciona la cuantía al aumento de la esperanza de vida con el factor de sostenibilidad, que iba a aplicarse desde 2019 y está retrasado hasta 2023.

Con los datos del Plan Presupuestario para 2019 que el Gobierno de Pedro Sánchez remitió a Bruselas, el impacto que ha tenido este año revalorizar las pensiones con el IPC, subir las mínimas un 3% y elevar la base reguladora de las pensiones de viudedad al 56% ha supuesto un gasto de 2.500 millones de euros. Para 2019, el efecto de estas medidas es mayor, de 5.300 millones, el equivalente al 0,4% del PIB.