Las grandes industrias gallegas obtendrán rebajas en el precio de la luz, para preservar su competitividad, bajo condición de que no cierren y no hagan recortes drásticos de actividad y empleo durante los tres años siguientes a la concesión de las ayudas, según el paquete de medidas urgentes de apoyo al sector fabril español que ayer aprobó el Consejo de Ministros. Estas nuevas políticas llegan en respuesta a la decisión de Alcoa de clausurar sus plantas de A Coruña y Avilés y ante el riesgo de que el encarecimiento de la electricidad desencadene una nueva reconversión industrial. Alcoa está muy directamente concernida por el paso que ayer dio el Gobierno: si no da marcha atrás a los despidos en Galicia y Asturias, no entraría en un reparto de 150 millones de euros en ayudas que se decidirá en las próximas semanas.

Alcoa y otras compañías españolas de perfil semejante recibirán dinero, como ya ocurre ahora, de un fondo de compensación por los costes indirectos que soportan debido a las emisiones de CO2 de las centrales de generación eléctrica; podrán acceder a los beneficios de un nuevo Estatuto del Consumidor Electrointensivo y en algunas zonas obtendrán ventajas extra si están conectadas a redes de distribución cerradas, una figura que tiene encaje en la regulación de la Unión Europea (UE) y que se ha probado con éxito en algunos países.

"Las empresas tendrán también obligaciones", expuso la ministra de Industria, Reyes Maroto. El texto del real decreto que hoy publicará el "Boletín Oficial del Estado" determina que los beneficiarios del dinero ligado al CO2 y del Estatuto del Consumidor Electrointensivo "deberán mantener la actividad productiva durante un período de tres años, a partir de la fecha en que se dicte la resolución de concesión de las ayudas".