01 de noviembre de 2018
01.11.2018

La Audiencia Nacional prepara un cuarto juicio contra la cúpula de Caixanova por el caso Massó

El juez de la Mata concluye que existe un perjuicio de 43 millones

01.11.2018 | 01:59
Instalaciones de la antigua factoría de Massó, en Cangas. // Gonzalo Núñez

No hay tranquilidad posible para la antigua cúpula de Caixanova. Después de que cuatro de los altos cargos tuvieran que pasar por prisión para cumplir la condena a dos años por las prejubilaciones millonarias, ahora se acumulan los casos derivados de las supuestas operaciones irregulares de la entidad durante su gestión que el FROB envió a la Fiscalía Anticorrupción. Habrá juicio por los 41,8 millones que se podrían haber perdido en una operación inmobiliaria en Rivas Vaciamadrid y por los 80 millones de la compra de Alfageme. Precisamente el mismo juez que se encargó de la investigación sobre la conservera, José de la Mata, anunció ayer un cuarto proceso por la fallida urbanización y el puerto deportivo en las instalaciones de otra conservera, Massó, en Cangas do Morrazo, y que habrían desencadenado unas pérdidas de 43 millones de euros para la caja.

El magistrado atribuye los delitos de administración desleal y apropiación indebida al que fue el presidente, Julio Fernández Gayoso; los ex directores generales Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y Ángel Corona; al jefe de Participadas en aquel momento, Juan Manuel Gutiérrez Ois; y a Ubaldino Rodríguez Bello y su mujer, Natividad Blanco González, administradores de la inmobiliaria Atlántico Construcciones. Entre las once personas para las que De la Mata declara el sobreseimiento provisional está José Luis Pego, ex director general.

Atlántico Construcciones y Caixanova eran socios en dos firmas inmobiliarias para reconvertir la vieja Massó y sus terrenos en un complejo residencial, hotelero y comercial y construir un puerto deportivo. El proyecto, de 151 millones, se llegó a encargar al prestigioso arquitecto Norman Foster. No llego a realizarse por la batalla emprendida contra él por la Cofradía de Pescadores.

Tras la instrucción, el magistrado considera que la operación "se diseñó específica y deliberadamente" por los imputados para cargar con todo el coste a Caixanova. La otra parte, según De la Mata, "se limitaba a inyectar en el proyecto las cantidades" recibidas de la caja. En el auto de pase a procedimiento abreviado se les acusa también de "ocultar" a los órganos de decisión y control de Caixanova de que no había "suficientes análisis técnicos" que avalaran la operación. Los terrenos estaban calificados como "suelo urbano no consolidado de uso predominantemente industrial" y así se mantienen "catorce años después", señala el juez, que asegura que la operación debería haber tenido además la autorización de la Xunta porque la ley de cajas obligaba a pedirla si la participación superaba el 20% del capital.

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