Los trabajadores de Maderas Iglesias mantendrán la huelga indefinida. La plantilla rechazó, en una asamblea celebrada ayer por la tarde, el acuerdo suscrito entre la dirección de la compañía y el comité de empresa, por el que se pactaba poner fin a la huelga a cambio del compromiso de la firma para cerrar las dos grietas laborales que desembocaron en el paro indefinido: el pago de las nóminas atrasadas y la negociación del nuevo convenio colectivo.

En concreto, las dos partes habían acordado no efectuar ningún tipo de despido hasta noviembre de 2019 y darse un margen de diez días para abonar la nómina aún pendiente de agosto, y otro de un mes y medio para desembolsar la extra de verano, cuyo plazo se extendería hasta el próximo 31 de octubre. Así lo habían pactado en la sede del Consello Galego de Relacións Laborais (CGRL), el órgano de mediación de la Xunta al que el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, solicitó su intervención la semana pasada.

Pero, tras ocho años de ERE y de retrasos continuados en el pago de las nóminas, los trabajadores optaron por no dar un voto de confianza a la dirección de Maderas Iglesias. "No son pagos inmediatos y la empresa no despierta confianza en la plantilla después de tantos incumplimientos", explican fuentes sindicales. De esta forma, la factoría porriñesa seguirá sin registrar actividad en los próximos días y sin sellar la paz social. Un componente que tanto la compañía como la Xunta de Galicia ven clave para realzar su atractivo de cara a su proceso de venta.

El propio conselleiro de Economía, Emprego e Industria apeló hace una semana al "diálogo" para reconducir la situación y evitar que la brecha abierta en la empresa supusiese una piedra en el camino de cara a la llegada de nuevos inversores al capital de la compañía.

Y es que la firma carga con una deuda total que supera los 55 millones de euros y busca la llegada de nuevos socios. La inyección de recursos se presume vital para garantizar la continuidad del que en su día llegó a ser el mayor fabricante de tarima flotante de toda España. La operación cuenta con la dificultad añadida de que debe satisfacer no solo a los propietarios de la compañía, sino también a sus propios acreedores, que hace cinco años asumieron una quita de casi el 50% para facilitar que la compañía saliese de concurso.

La única oferta recibida hasta el momento fue la presentada por un fondo de inversión representado por Bank & Clients, pero que fue rechazada al entender que su bajo importe (un millón de euros) no reflejaba el verdadero valor de la compañía.