Con la orden que allana el camino para aplicar a los consumidores gallegos el recargo de casi 16 euros en el recibo de la luz para compensar a las eléctricas por los impuestos autonómicos al sector ya en exposición pública, la Xunta intenta ganar tiempo a toda costa y parar su inmediata aplicación. El delicado asunto, que se remonta a 2014 cuando el Tribunal Supremo reconoció el derecho de las empresas a recuperar el dinero porque así lo establecía la ley del sector eléctrico en aquel momento para evitar que clientes de comunidades sin tributos acabaran pagando el sobrecoste, se coló en la agenda de la reunión mantenida ayer entre el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, con el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal. El Gobierno gallego quiere que el Ministerio para la Transición Ecológica "atienda" sus alegaciones a la orden, centradas en que los cuatro impuestos que se van a tener en cuenta para aplicar la subida del precio aquí -canon eólico, hidroeléctrico, el de contaminación atmosférica y la parte proporcional que paga el sector eléctrico del canon de saneamiento- son "medioambientatales" y no gravan ni directa, ni indirectamente, las actividades e instalaciones destinadas al suministro eléctrico.

El principal problema es que la regulación de los suplementos territoriales -que el Gobierno en 2013 convirtió en obligatorios dentro de la reforma energética para aliviar el déficit tarifario y que actualmente vuelven a ser solo una opción a disposición del Ejecutivo central para cuando los quiera volver a activar- no diferencia entre aquellos tributos con sentido medioambiental o no. Afecta a todos. Como ocurre en el resto de comunidades. Solo País Vasco y Canarias se libran del alza de precios en la electricidad, aunque Galicia destaca muy por encima del resto: debe recaudar 34,7 millones por la recaudación y 2,970 millones por los intereses generados en todo este tiempo. Cada gallego deberá aportar de media 1,3 euros al mes durante un ejercicio entero.

En caso contrario, de que sus alegaciones no se tengan en cuenta, Conde anunció la solicitud de una suspensión cautelar de la orden "mientras no se resuelve el recurso que la administración gallega interpuso contra esta medida", en referencia al intento de bloquear la orden anterior de los suplementos territoriales con los mismos argumentos y todavía pendiente de decisión por parte de los tribunales. "No es de recibo que el Gobierno avale que los ciudadanos sean los que asuman directamente los costes mediambientales y no las empresas a costa de sus beneficios", reprocha la Xunta. A pesar de que todos los partidos, incluido el PP, sabían que esto podía ocurrir.

En diciembre de 2008, durante la sesión del Parlamento que debatía la aprobación de la ley que crea el canon hidroeléctrico -uno de los que se van a repercutir en los suplementos territoriales de Galicia-, el entonces portavoz de industria de los populares y hoy director xeral de Enerxía e Minas, cargaba contra la norma impulsada por el bipartito de PSdeG y BNG porque era "una amenaza clara", dijo, de que se incrementaran los precios de la electricidad en Galicia. No era la primera vez que Tahoces arremetía contra el impuesto a los embalses por esa razón. "El gran riesgo de que lo paguen los gallegos y no las empresas", aseguraba. El grupo del PPdeG en O Hórreo insistía una y otra vez en la ley estatal del sector eléctrico donde figuran los suplementos territoriales y que normativa del canon hidroeléctrico no incluía "ninguna garantía" para evitarlo. Eso mismo sucedía justo un año después con el canon eólico, creado por el PP a su vuelta a la Xunta.

Ante el incremento que se avecina, el BNG reclama a la Xunta a "desobedecer" la normativa porque se trata de "un auténtico atraco a mano armada". "Los gallegos van a pagar la factura de la luz más cara del Estado", arremete la diputada Noa Presas, como consecuencia de "la pésima gestión de la Xunta porque tardó en recurrir la sentencia".