La escalada de los precios está cogiendo a contrapié a los asalariados gallegos y no solo porque la subida del 1,62% pactada de media en los convenios firmados hasta mayo sea insuficiente para preservar el poder adquisitivo ante un IPC que crece al 2% en Galicia (una décima menos que la media estatal). La cláusula de revisión salarial, el salvavidas que permite elevar los salarios por encima de lo fijado en convenio hasta igualarlos con el IPC cuando se vean superados por el alza de precios, sigue sin hacer acto de presencia en el grueso de las negociaciones colectivas en Galicia. Tan solo se encuentra presente en uno de cada tres nuevos acuerdos colectivos en la comunidad (el 31,4% del total), según los últimos datos publicados por el Consello Galego de Relacións Laborais.
Apenas 16 de los 51 convenios colectivos que se firmaron en Galicia en los cuatro primeros meses del año incorporaron esta cláusula y fueron, en su mayoría, empresas de tamaño reducido. Una situación que mengua aún más el número de trabajadores blindados ante la subida del coste de la vida hasta los 10.975 (solo un 17,3% del total que pasaron a regirse por un nuevo convenio colectivo este año).
El porcentaje de asalariados gallegos que se beneficiaría de la activación de esta cláusula en momentos de inflación es ligeramente inferior a la del conjunto de España, donde 1,14 millones de trabajadores la han visto incluida en sus nuevos convenios (un 19,9% del total), pero aunque su implantación en Galicia es reducida, esta llegó a ser incluso menor. En 2015 y 2016, cuando los precios registraban descensos en toda España por la bajada del crudo, el porcentaje de nuevos convenios que incorporaba estas cláusulas se redujo hasta apenas el 12,7% en Galicia. Una situación que contrasta con la actual, en la que el resurgir de la inflación sitúa a la cláusula de revisión salarial como uno de los principales puntos por resolver en el acuerdo salarial entre patronal y sindicatos, tal y como ocurrió el verano pasado con el convenio del sector del metal de la provincia de Pontevedra.
El Gobierno "retocará" la reforma laboral pero no la derogará por su debilidad parlamentaria
- El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez no podrá cumplir con una de las promesas electorales de los socialistas, derogar la última reforma laboral del PP. A cambio, el Ejecutivo de Sánchez prometió ayer los sindicatos hacer algunos "retoques" sobre esta legislación. Así, transcendió tras una reunión que el presidente del Gobierno y la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, mantuvieron con la mesa del diálogo social en la que están el secretario general de UGT, José María Álvarez, el de CC OO, Unai Sordo, el líder de la patronal CEOE, Joan Rosell, y el de Cepyme, Antonio Garamendi. Tras el encuentro José María Álvarez aseguró que el Ejecutivo se había mostrado "reservón" cuando se le planteó derogar la reforma laboral. Más tarde, Valerio matizó las palabras del sindicalista. "Más que reservón o que se haya cambiado de criterio, en el Gobierno se tienen mayores dosis de pragmatismo porque conoce el apoyo parlamentario con el que cuenta", aseguró. La ministra se mostró partidaria de ir trabajando en un nuevo Estatuto de Trabajadores para ponerlo en marcha a partir de 2020. Mientras tanto, aboga por llegar "a acuerdos puntuales pero importantes" con los agentes sociales. Los sindicatos reclaman que la remodelación de esa legislación laboral sea de mayor calado. "Hay que modificar en profundidad la actual legislación laboral", señaló categórico Unai Sordo, que aseguró que esos cambios podrían orientarse desde el Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC) que los sindicatos y la patronal están a un paso de cerrar. El presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, señaló que "en los últimos tiempos ha habido 55 reformas laborales, más de 7.000 leyes laborales. Lo de derogar es más un mensaje ideológico. Nosotros siempre estamos a favor de una evolución. Cuando nos sentemos más seriamente con la ministra veremos qué se puede y qué se quiere cambiar".
