El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, convocó a los representantes empresariales y sindicales el lunes para analizar el plan Prepara para parados sin prestación tras su puesta en cuestión por el Tribunal Constitucional y la necesidad de una ley para su prórroga.En este encuentro abordarán el impacto de la sentencia del Constitucional, que ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno del País Vasco, que da la razón al dictaminar que corresponde a las comunidades autónomas la gestión de las ayudas a los desempleados que han agotado la prestación por paro
El Plan Prepara, puesto en marcha en 2011, prevé una serie de acciones de políticas activas de empleo y la percepción de una ayuda económica para personas que han perdido su empleo y han agotado las prestaciones o no han cotizado el tiempo suficiente para acceder a la protección por desempleo.
El programa, de seis meses de duración, se prorrogó en varias ocasiones y en 2013 se estableció que se ampliaría automáticamente cada seis meses hasta que la tasa de desempleo se situara por debajo del 20 %, un umbral que se redujo al 18% en 2016. Sin embargo, la tasa de desempleo se redujo hasta el 17,2% en el segundo trimestre, con lo que decae la condición para la prórroga automática del programa que desaparecería el próximo 15 de agosto.
Ante esta situación, Empleo ha trasladado a las organizaciones sociales una serie de propuestas con medidas para fomentar la creación de empleo, entre las que se incluye la prórroga del plan Prepara -lo que requiere una norma con rango de ley- y medidas para impulsar el empleo juvenil, que aún siguen en negociación.
Otros programas
Otras iniciativas son el refuerzo de programas de orientación, formación, recualificación, intermediación y protección de desempleados de larga duración y mayores de 50 años. Empleo también pretende simplificar los programas complementarios existentes como el Programa de Activación para el Empleo y la Renta Activa de Inserción.
