Pequeños accionistas y tenedores de deuda del Banco Popular que perdieron su inversión tras la resolución de la entidad afinan sus estrategias para recuperar sus ahorros con el apoyo de despachos de abogados y asociaciones, que optan por la conjunción de hasta cuatro vías judiciales.
Además de preparar una batería de demandas civiles, denuncias y querellas penales contra los administradores del Popular y recursos contenciosos-administrativos contra el FROB, los afectados reclamarán a Europa por la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de avalar la venta como forma de proteger a los depositantes.
El asociado de litigación bancaria del bufete Jausas, Pablo Franquet, destaca a Efe la complejidad del escenario en el que se encuentran los 300.000 accionistas de la entidad, para los que "no hay un camino único sino diversas alternativas a medida", dependiendo de si son "accionistas históricos, compradores del mercado secundario o gente que acudió a la ampliación de capital".
Franquet sitúa a este último grupo en una situación similar a la salida a Bolsa de Bankia pues el Popular "hizo un folleto ofreciendo una imagen de que captando 2.500 millones de euros más se iba a conseguir una solidez que poco después se vio que no era".
Ello permitiría iniciar acciones por error en el consentimiento similares a las interpuestas por otros servicios comercializados sin información veraz o suficiente, como las preferentes de Caja Madrid.
