Hacienda ampliará este año el catálogo de medidas para combatir la economía sumergida con dos cambios que afectarán a consumidores, empresas y profesionales: por un lado, un endurecimiento del control sobre las facturaciones para prevenir la defraudación del IVA; por otro lado, y con un propósito semejante, una mayor limitación del uso de dinero en efectivo, que pasará de los 2.500 euros actuales a 1.000.
El Gobierno expone varias innovaciones de su estrategia antifraude en el Programa Nacional de Reformas 2017, un documento que aprobó el pasado viernes para ser enviado a la Comisión Europea. A partir del 1 de julio de este año, parte de las empresas (las que facturan más de seis millones de euros, las inscritas en el registro de devolución mensual del IVA y los grupos societarios) quedarán obligados a comunicar telemáticamente a la Agencia Tributaria en el plazo de cuatro días (ocho inicialmente, de manera transitoria) el detalle de todas las facturas expedidas o recibidas. Este mecanismo se convertirá en una herramienta para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Desde 2012, están vetadas las transacciones en metálico que superen los 2.500 euros cuando al menos una de las partes es una empresa o profesional. Hacienda rebajará esa cantidad a 1.000 euros, como en Francia e Italia. Estas restricciones, cuando se cumplen, refuerzan la "bancarización" de los pagos, aligeran el riesgo de fraude en el IVA y dificultan el blanqueo del dinero "B".
