En puertas de que el Gobierno desvele su proyecto de reforma tributaria, las autoridades internacionales mantienen la presión sobre España para que acometa una devaluación fiscal. Se trata de que el Ejecutivo reduzca los impuestos sobre el factor trabajo y que compense esa merma recaudatoria con la subida de otras figuras impositivas. Se pretende con ello que la política contributiva -como ya se hizo, sobre todo desde 2012, con la política laboral y salarial- rinda los mismos efectos que una devaluación monetaria.
De anteriores crisis España salió devaluando la peseta. Hoy, tras haber renunciado a la soberanía monetaria para incorporarse al euro, España ya no dispone de este instrumento de relanzamiento económico. Lo que se le exige por ello es que logre ese mismo efecto por otras vías.
Desde agosto de 2013 el Fondo Monetario Internacional (FMI), primero, y la Comisión Europea (CE), acto seguido, emplazaron sucesivas veces a España para que reduzca las cotizaciones a la Seguridad Social -lo que permitiría abaratar el coste del empleo sin presionar aún más a la baja los salarios de los españoles- y para que compense la caída recaudatoria con una nueva subida del IVA u otros impuestos.
Hace un mes se repitió la "recomendación". El 6 de marzo lo "sugirieron" Christine Lagarde, directora gerente del FMI, y Olli Rehn, vicepresidente de la CE. Y trece días más tarde se lo reclamaron al Gobierno los expertos a los que el Ministerio de Hacienda encargó una propuesta de reforma fiscal. "España tiene que asumir una subida del IVA si quiere que se cree empleo", dijo Manuel Lagares, coordinador del informe.
Su propuesta consiste en rebajar en tres puntos porcentuales las cotizaciones sociales (hoy, en el 37,33%), lo que reduciría la carga de las empresas en 10.000 millones, y que el Estado compense a la Seguridad Social esta caída de los ingresos con aportaciones procedentes de una subida de impuestos indirectos.
La demanda al Gobierno ha vuelto a intensificarse en los últimos días. La planteó este martes la Dirección de Asuntos Económicos de la CE, la reiteró el FMI y se sumó al día siguiente, el miércoles, la patronal CEOE.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ya subió el IVA -y de forma contundente- en 2012 en contra de su discurso en los años precedentes y de sus promesas electorales, se resiste a incurrir en una nueva contradicción con el ideario económico del que hizo gala en la oposición y más cuando a lo largo de 2013 y en lo que va de 2014 descartó por activa y por pasiva nuevos incrementos. La proximidad de citas electorales tampoco le concede mucho margen. No obstante, el lunes dijo que la reforma fiscal que se prepara debe servir para mejorar la competitividad española y sostuvo que, "con mucha moderación y equilibrio, la intención del Gobierno es reducir las cotizaciones sociales, aunque sea de manera fraccionada o parcial". No explicó cómo se compensará a la Seguridad Social.
La persistencia con que los organismos multilaterales y la Unión Europea exigen a España más esfuerzos devaluatorios parte del reconocimiento de que la economía del país se enfrenta a una paradoja.
España necesita desinflación (siempre que no incurra en la temida deflación) para ganar competitividad y generar con ello, y con el aumento consiguiente del saldo por cuenta corriente, los superávits externos que precisa el país para reducir el fastuoso endeudamiento que contrajo la nación con el exterior (el 85% del cual lo acumulan bancos, empresas y familias) durante el largo período de 1998-2008, en el que el vigoroso crecimiento del PIB y del empleo se gestó de forma apalancada con crédito internacional. Pero al mismo tiempo, y en términos internos, a España le convendría generar inflación moderada para atenuar la carga de los débitos que tienen contraídos los agentes privados y las administraciones públicas y para facilitar, con el aumento de los precios, la subida nominal de la recaudación fiscal y la atenuación con ello del déficit público.
Este sinsentido podría afrontarse en teoría con el modelo planteado por las instancias internacionales.
Reduciendo las cargas sociales a las empresas se pueden aliviar los costes laborales sin seguir deprimiendo los salarios, cuya reducción está actuando desde 2012 como una fuerza deflacionaria. Esa merma de costes, en tanto que las empresas la trasladen al precio final y no incurran en la tentación de retenerla como beneficio, permitiría que los bienes y los servicios españoles sean más baratos que sus competidores internacionales tanto en el mercado nacional como en los exteriores y que mejoren, por tanto, sus ventas. La reducción de las cargas del trabajo abarataría a su vez la mano de obra, aun manteniendo los salarios, y todo ello podría contribuir a una mayor contratación laboral.
Este escenario (aumento de la producción, progresivo incremento del empleo y sustitución de importaciones por producción nacional) debería generar fuerzas inflacionistas a medio y largo plazo en la medida en que se consolidase la tendencia. Esta expectativa de repunte inflacionario, siempre que se mantenga en un rango razonable, contribuiría a atenuar la carga de los tres billones de euros de deuda nacional total (casi dos billones de naturaleza privada y un billón de titularidad pública) y contribuiría a disipar el riesgo de deflación en España, el país -según dijo esta semana el FMI- con mayor riesgo de incurrir en la espiral del hundimiento de precios.
Hasta que el ciclo genere inflación el peligro deflacionario persistiría a corto plazo. Es aquí donde el FMI y la UE sugieren subir por segunda vez el IVA o, en su caso, los impuestos medioambientales o sobre la propiedad. El IVA permitiría fabricar inflación para neutralizar el riesgo de desplome generalizado de precios y generaría los ingresos fiscales adicionales que precisaría el Estado para compensar la merma recaudatoria de la Seguridad Social por la bajada de las cotizaciones.
El trasvase de recursos tributarios a la caja de las pensiones sería irrenunciable para sostener el sistema público de previsión, ya muy depauperado y comprometido por la crisis, la caída de cotizantes, el aumento de jubilaciones anticipadas y prejubilaciones a causa del paro de larga duración en los trabajadores de más edad y por razones demográficas. Estas últimas se están acentuando además porque parte de la caída del paro de los últimos meses se está logrando con la merma de la población activa y de la población general del país que empezó a producirse en 2012 por el aumento del éxodo y la renuncia de parados que no abrigan esperanzas de encontrar empleo en España.
La subida del IVA, aunque encarece los bienes y los servicios, no dañaría la competitividad exterior de España, porque este impuesto grava sólo las ventas en el propio país (incluidas las importaciones, que estarían sujetas al mismo régimen fiscal que la producción nacional) y no encarecería las exportaciones.
La penalización más severa de una subida del IVA será para la demanda interna, ya muy castigada por el paro, el miedo a la crisis y las anteriores subidas del impuesto. Este efecto pernicioso podría aliviarse si la devaluación fiscal rindiese los efectos esperados y permitiese un círculo virtuoso de aceleración de la creación de empleo y, también, si una parte proporcional de la rebaja de las cotizaciones se aplicase sobre el tramo que aporta el trabajador, por más que esta opción tiene muy poco margen (esta parte de la cuota es de las más bajas de la UE) y restaría derechos -salvo decisión política- sobre la pensión futura.
En todo caso, todos los efectos esperables de una devaluación fiscal (los favorables y los inquietantes) no difieren -incluida cierta inflación- de los que generaría una devaluación monetaria clásica como las diversas que hizo España en anteriores circunstancias críticas para ganar competitividad exterior.
La insistencia con la que se está demandando a España este tipo de medidas desde agosto evidencia que el ritmo de recuperación de la economía española desde que salió de la segunda recesión en el tercer trimestre de 2013 no se considera suficiente para que pueda despejar con prontitud las grandes losas (paro, déficit y deuda) que la oprimen.
España sigue siendo el segundo país con más paro de la OCDE, tiene -según la última encuesta de población activa- 622.700 parados más que cuando empezó esta legislatura (3,18 puntos por encima), 355.507 desempleados registrados más que entonces, 933.634 afiliados menos a la Seguridad Social, 2,33 puntos menos de tasa de actividad, dos puntos porcentuales menos de deuda externa bruta (167% del PIB), pero dos puntos más (93% del PIB) en deuda externa neta, una deuda privada que se ha reducido el 12,63%, pero que sigue en niveles inasumibles (1,86 billones), y una deuda pública que, a la inversa, aumentó desde diciembre de 2011 en 225.679 millones (un incremento del 31% en poco más de dos años) y un déficit público que se está reduciendo, pero que en 2014 volverá a ser, según las proyecciones del FMI, el segundo más alto de la UE tras Irlanda.
La inversión neta de capitales extranjeros en empresas españolas se recuperó en 2013, pero fue, aun así, un 72,3% inferior a la que hubo en 2011, el último año de la pasada legislatura. Y el aumento de las exportaciones, que fue una constante desde 2009, cayó en los últimos meses de 2013, como venían alertando el Banco de España, el Instituto Nacional de Estadística y algún economista, lo que fue compensado con una mejora de la demanda interna, en parte por un aumento del gasto público y por la restitución de la paga navideña del funcionariado.
Esta merma exportadora, quizá temporal, ha hecho aún más acuciante, a juicio de los organismos internacionales, el sobreesfuerzo devaluatorio que se reclama a España para garantizar la obtención de ahorros externos que permitan pagar la gran deuda nacional. En enero España volvió a incurrir en déficit exterior en su balanza por cuenta corriente tras ocho meses de superávit. Y en febrero, uno de sus componentes, el volumen exportador, creció el 3,6% pero los precios de venta en el mercado internacional cayeron el 4,4%, lo que no se conocía desde septiembre de 2009. Y esto obliga a reducir costes para no quedar fuera del mercado. Y más cuando los países emergentes han devaluado sus monedas y cuando los socios de la UE -destino de más de la mitad de las ventas españolas en el exterior- persisten en una bajísima inflación que deja poco margen a las ganancias españolas de competitividad por precio.
Esta exigencia a España para que mejore su competitividad parte a su vez de la premisa de que la demanda internacional no es boyante y que, como ha reiterado esta semana el FMI y su directora-gerente, la mejoría global es "frágil", "la recuperación mundial es aún demasiado débil y lenta", hay riesgos potenciales en el horizonte (sobre todo, en los países emergentes) y España, con la segunda mayor exposición bancaria -tras Austria- a los emergentes latinoamericanos, además de comercial, puede sufrir daños directos. Y a ello se suma que la demanda interna, aunque ha dado síntomas recientes de mejoría, sigue muy lastrada por el paro y por la deuda de empresas y hogares.
De modo que, aunque todos los organismos nacionales e internacionales están mejorando sus previsiones sobre España respecto a las anteriores que habían difundido, las tasas previstas de crecimiento son aún modestas, salvo excepciones. Y entre estas últimas, más esperanzadas, algunas, como la que avanzó el economista de la CEOE José Luis Feito, apuntan a un recorrido vigoroso pero limitado a dos o tres años debido al fortísimo endeudamiento nacional, que acabará por constreñir el potencial de crecimiento. Una vez más desendeudarse será imperativo. Y esto sólo es posible, dijo, siendo una "pequeña Alemania" exportadora.
El esfuerzo devaluatorio que se precisa para ello no debería proceder de una mayor merma salarial (España fue en 2013 el país que más redujo sus salarios tras República Checa y Grecia, según dijo esta semana la OCDE) porque acentuar esta vía, con el país en inflación negativa, dispararía el riesgo potencial de deflación y porque una menor renta disponible acrecentaría el peso de los débitos de las familias, que son las segundas más endeudadas de la UE, y habría riesgo de acentuar la mora bancaria.
La alternativa por la que se inclinan, por consiguiente, los organismos supranacionales es utilizar la estructura impositiva como herramienta de competitividad. Un informe de la CE estimó en marzo que un recorte de 6 puntos en las cotizaciones y una subida de cuatro puntos en el IVA podrían reducir el paro en un punto adicional y añadir 0,8 puntos de crecimiento al PIB.
Lo que se trata es de consolidar y además impulsar y acelerar la creación de empleo que se ha empezado a manifestar de forma aún tenue en España. El Gobierno y algunos economistas tienen la convicción, a partir de los indicadores adelantados, de que la tendencia se afianzará y se intensificará por encima de las previsiones. Pero no es ésta la primera vez, en contra de lo que dijo el ministro de Economía, Luis de Guindos, el 1 de abril en Atenas, que se crea empleo en España durante esta crisis, aunque sí lo es en tasa interanual.La afiliación a la Seguridad Social también creció entre febrero y julio de 2010 y entre marzo y julio de 2011.
Aunque el contexto internacional era mucho más desfavorable entonces que ahora, aquellas dos experiencia frustradas indican que nada hay que sea imposible de revertir ni de empeorar. Y hay suficientes incertidumbres globales (económicas y políticas) como para ser cautos. Lagarde dijo el día 2 que perviven desafíos que podrían conducir al mundo a "caer en una trampa de bajo crecimiento a medio plazo".
Aunque eso no ocurra, las exigencias que se están ejerciendo sobre España desvelan el convencimiento de que el país precisa reforzar aún más sus indicios de mejora. Olli Rhen, que el 5 de marzo pidió "moderar" los salarios españoles, había dicho el 23 de enero que, al paso actual, "arreglar la crisis española costará diez años". Y el BBVA señaló el 18 de marzo que el país no volverá al nivel de empleo de 2007 antes de 2025.
